Jesús Lidiano asegura que pagó los préstamos otorgados por la Caja

El ex director de la sucursal de la Caja de Crédito de Alcoy Jesús Lidiano Llopis Jordà ha asegurado hoy que ha satisfecho todos los préstamos que le otorgó la entidad bancaria con excepción del último, concedido un día antes de la suspensión de pagos para tapar un descubierto en su cuenta.

EFE Llopis Jordà, hijo del ex director general de la Caja, Jesús Llopis, ha comparecido como acusado en la segunda sesión del juicio por la quiebra fraudulenta de la Caja de Crédito de Alcoy, que dejó más de 1.500 afectados por un montante de 3,7 millones de euros.

La Fiscalía de Alicante le acusa de un delito de insolvencia punible y pide para él seis años de prisión, mientras que la acusación particular solicita catorce años de cárcel por este delito y otro de apropiación indebida.

El procesado ha garantizado que pagó los créditos, aunque ha dicho que no posee "los extractos ni la justificación" de éstos, y ha explicado que el último préstamo recibido lo pidió para evitar tener su cuenta en números rojos cuando se declarase la suspensión.

Ha añadido que actualmente tiene una causa abierta en los juzgados de Villena por la cuantía que todavía adeuda por no estar "conforme" con lo que se le reclama.

Sobre sus funciones dentro de la entidad, el ex director de la sucursal ha explicado que él no tenía poderes para otorgar préstamos, y que se limitaba a atender a los clientes y trasladar sus solicitudes a la sede central de la Caja.

Durante la sesión de esta tarde también han declarado siete miembros del consejo rector de la entidad, dos de ellos acusados por la Fiscalía y la acusación particular, y el resto tan sólo por ésta.

El fiscal pide para ellos seis años de cárcel por presunta insolvencia punible, mientras que el letrado de los afectados solicita catorce años por el mismo delito y otro de apropiación indebida.

Los siete procesados han coincidido en señalar que el consejo rector se limitaba a ratificar las operaciones ya otorgadas por el ex director general, Jesús Llopis, quien les presentaba un listado de nombres y cuantías que, según ellos, no incluía información sobre las garantías.

Dos de estos acusados, Ángel Lidiano Llopis Candela -presidente del consejo rector desde 1990 hasta la suspensión de pagos- y Juan García Monsalve -miembro del consejo- han resaltado que tenían "confianza" en Llopis y en el abogado de la entidad, así como en sus gestiones, por lo que no hacían comprobaciones.

Asimismo, los procesados preguntados por esta cuestión han asegurado que no tenían sospechas de que se fuera a producir la suspensión porque, según les habían dicho un mes antes Llopis y el abogado de la entidad, "todo estaba correcto, perfecto".

Han señalado que se enteraron en la tarde del día 23 de enero de 1993 cuando se les convocó a una reunión urgente para firmar la declaración de la suspensión, y dos de ellos han confirmado que Llopis les dijo que era una "cuestión técnica" de "unos días".