El Consell planea igualar los sueldos de sus funcionarios con los de los ayuntamientos

JULIA RUIZ Las diferencias de estatus entre los funcionarios de la Administración autonómica y local, así como entre los empleados públicos de unos ayuntamientos y otros, podrían tener fecha de caducidad. La Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas ha asumido en el primer borrador sobre la nueva ley de la Función Pública Valenciana la aplicación de una política de personal común en el ámbito autonómico y local. Se trata de una reivindicación histórica de los sindicatos, que apuestan por el concepto de Administración única y por poner fin a la existencia de funcionarios de primera y de segunda.
La iniciativa legal se está negociando con los sindicatos y todavía se encuentra en proceso embrionario. Sin embargo, existen ya algunos consensos básicos. Es el caso del ámbito de aplicación de la ley. La conselleria que dirige Fernando de Rosa ha aceptado la petición sindical de que la ley que debe marcar las reglas del juego para los empleados públicos no se circunscriba como hasta ahora al personal de la Generalitat.
El borrador al que ha tenido acceso INFORMACION incluye además del personal sujeto al régimen funcionarial que presta sus servicios en la Administración del Consell, sus organismos autónomos y demás entidades de derecho público, "al personal al servicio de las entidades locales situadas en el territorio de la Comunidad" con la excepción del personal habilitado de carácter estatal (secretarios);. Además, se incluye al personal de administración y servicios de las Universidades, y se abre la puerta a aplicar la ley al personal de las Cortes y de las instituciones estatutarias (Síndic de Greuges, Sindicatura de Comptes, Consell Valencià de Cultura, Acadèmia Valenciana de la Llengua, Comité Económico Social y Consell Jurídic Consultiu); siempre que estos organismos así lo establezcan en su legislación.
Si finalmente el consenso en torno al ámbito de aplicación de la nueva ley de la Función Pública se mantiene, los cambios serán significativos. Funcionarios de la Administración autonómica y local empezarán a equipararse en todos los aspectos: tanto en derechos como en obligaciones. Todos deberán regirse por lo que la ley y sus normas de desarrollo establezcan a nivel retributivo, estructura (cuerpos, escalas, especialidades, etcétera);, procedimientos de selección, convocatorias de empleo público, permisos, licencias, régimen de incompatibilidades, movilidad, provisión de puestos, promoción interna o régimen disciplinario.
Una de las consecuencias prácticas, por ejemplo, es que funcionarios de ayuntamientos o diputaciones podrán optar a puestos en la Generalitat en idénticas condiciones que los propios empleados de la Administración autonómica, y viceversa. La ley permitiría acabar con la diversidad de condiciones de trabajo que se dan en la actualidad.