J. A. G.
Jueces y fiscales del Palacio de Justicia de Alicante coinciden en que las penas de trabajos comunitarios que se imponen ahora a los acusados de delitos contra la seguridad del tráfico, a raíz de la reforma penal del pasado mes de diciembre, acabarán prescribiendo si no se soluciona la falta de oferta de estas plazas.
El titular de un juzgado de lo Penal señaló ayer que la Administración debería crear una empresa pública para ofrecer puestos que posibiliten el cumplimiento de estas penas, dado que actualmente la demanda supera con creces la oferta. Esta tendencia, además, no dejará de aumentar, ya que el endurecimiento de las penas en materia de circulación se salda en buena parte de los casos con una multa, la retirada del carné y la prestación de trabajos en beneficio de la comunidad. En los casos en los que el acusado no tiene antecedentes y la pena no supera los dos años, se le suspende la cárcel pero queda obligado a no delinquir durante la condena, así como a recibir un curso de reeducación vial.
Cabe recordar que hace un año los jueces de lo Penal dejaron de imponer trabajos comunitarios tras constatar su incumplimiento por falta de plazas. Fuentes de la Fiscalía indicaron que este tipo de penas prescriben a los tres años.