EFE
Las defensas de los procesados han planteado, en la primera sesión de la vista oral, que esta nueva documentación aportada por el comisario de la quiebra fue presentada el pasado día 14 y recibida por ellos ayer, por lo que no han podido examinarla.
Así, han solicitado un receso de un mes para "ver la documentación y examinarla en su totalidad", con el objetivo de "no estar indefensos" y poder añadir lo que consideren que "falta" en la misma, ha señalado el abogado Manuel Maza.
La Fiscalía y la acusación particular no se han opuesto a esta solicitud (aunque el fiscal ha rebajado la petición de suspensión a cinco días); ante la posibilidad de que, una vez dictada sentencia, las defensas presentaran un recurso de casación que, de ser admitido, podría suponer la nulidad de las actuaciones y la repetición del juicio.
Sin embargo, la sala ha estimado que la prueba documental estaba a disposición de las defensas desde hacía días y que éstas podían haber accedido a la misma con anterioridad, ya que además se avisó por teléfono a los procuradores el mismo día que se recibió.
El magistrado ha añadido que el examen de esta documentación se puede realizar en el tiempo que queda "desde hoy hasta la práctica de las pruebas documentales", que se realizará en febrero.
Maza, que representa al director general de la entidad, Jesús Llopis, entre otros, ha lamentado esta decisión y ha anunciado que si la sentencia es desfavorable presentará un recurso por posible quebrantamiento de forma.
El abogado de la acusación particular, Luis Ferrer, ha mostrado su respeto a la determinación de los magistrados, aunque ha afirmado no saber "si será bueno o malo para los afectados" porque si la defensa recurre podrían "tener razón" y "las instancias superiores podrían anular las actuaciones", con lo que el proceso se dilataría.
La primera sesión de la vista oral por la presunta insolvencia punible de los responsables de la Caja de Crédito de Alcoy se ha ceñido a las cuestiones previas planteadas por las partes, y será a partir de mañana cuando comiencen las declaraciones de los acusados.
El fiscal jefe provincial, José Antonio Romero, solicita seis años de prisión para cinco procesados -el director de la caja, la subdirectora, el responsable de la sucursal y dos miembros del consejo rector-, mientras que la acusación particular amplía la acusación a otros cinco miembros del citado consejo.
Asimismo, Romero pide una indemnización conjunta de 2,6 millones de euros para los más de 1.500 afectados, ya que de los 3,7 millones a los que asciende el presunto fraude, 1,1 millones fueron recuperados por la Administración de Quiebra.
Entre la documentación presentada hoy para su inclusión en la causa, el letrado de uno de los acusados ha pedido añadir una querella presentada en 2004 ante la Fiscalía de Alicante contra los síndicos de la quiebra por un supuesto fraude.
Otra letrada ha aportado el informe de la auditoría correspondiente a 1992, así como las actas de las juntas celebradas por el consejo rector de la Caja de Crédito de Alcoy desde la creación de la entidad en 1987.
Todos estos documentos han sido incluidos por la sala en la causa con independencia de la valoración que posteriormente se pueda hacer de ellos.
A las puertas de la Audiencia se han concentrado unas sesenta personas llegadas desde Alcoy, quienes han ofrecido una sonora pitada a los acusados cuando éstos han abandonado los juzgados.
El momento de mayor tensión ha tenido lugar en la salida del director general de la entidad, a quien los afectados han proferido gritos de "ladrón, a la prisión" y le han abucheado mientras le seguían por varias calles.
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