ÁFRICA PRADO
Q
ué implantación tiene el "Ararteko" y qué volumen de quejas tramita?
La institución tiene casi 20 años de vida. El año pasado recibimos 4.500 demandas, de las que se tramitaron 1.700 como quejas. Todavía tiene una implantación insuficiente porque, como todas las defensorías, somos instituciones jóvenes y debemos hacer un esfuerzo por darnos a conocer
A la Síndica de Greuges en funciones de la Comunidad Valenciana el Gobierno del PP le ha acusado en más de una ocasión de ser partidista. ¿Estos ataques son habituales en su institución?
No me sorprenden. Los defensores somos instituciones independientes e imparciales y no me cabe duda de que es así en la Sindicatura de Greuges. Hay asuntos en los que intervenimos que tienen repercusión en el escenario político, que está muy acostumbrado a poner etiquetas. Aquí decimos que hasta a las vacas se les pone etiqueta política. En el País Vasco ha habido temas que no han gustado nada. Además del Parlamento, el Gobierno vasco y los ayuntamientos, el "Ararteko" también tiene entre sus competencias las juntas generales provinciales de las que emana una diputación foral y todos los partidos, en uno u otro ámbito, tienen una responsabilidad política y han sido criticados en alguna ocasión, lo que nos "inmuniza" de partidismo porque todos tienen motivo de queja. Pero constatamos que en las resoluciones en donde la administración tiene una actuación incorrecta, nos hacen caso en más de un 90% de las veces.
Eso es mucho. Eso significa que lo que ustedes dicen va a misa...
A veces la ciudadanía no parece tener esa percepción porque en los casos que tienen más trascendencia pública la administración se enrosca y no acepta nuestras recomendaciones tan fácilmente.
¿Qué le parece que la Síndica de Greuges, Emilia Caballero, lleve en funciones casi dos años por falta de acuerdo?
Las defensorías son instituciones no arropadas por la experiencia y necesitan tiempo para saber su papel pero las propias instituciones políticas deberían esforzarse por interiorizar el funcionamiento de estas figuras, cuyo titular requiere una mayoría de tres quintos de consenso para su designación. En una cultura política donde la confrontación es algo diario, su elección requiere un esfuerzo de acuerdo entre los principales partidos y hay que demandarlo para que estas instituciones sean robustas. Pero las dificultades de la Sindicatura valenciana no son exclusivas. Mi antecesora en el cargo estuvo cuatro años en funciones.
¿Tienen más apoyo de la sociedad que de las administraciones?
La autoridad moral y la credibilidad que tenemos tiene tres patas: la sociedad civil, las administraciones públicas y los medios de comunicación. Si la actividad de una administración no es correcta debería corregirse pero tenemos que fundamentar con rigor las resoluciones y mi experiencia me dice que si la argumentación es sólida y razonada, la administración suele ser receptiva.
Pero aquí la crítica al Gobierno autonómico ha hecho que el Consell haya llegado a pedir la dimisión de la responsable en la Sindicatura. ¿Eso también es normal?
No suelo hacer comentarios de la situación de otras instituciones pero no creo que pedir la dimisión de la Síndica sea bueno, sino que eso perjudica a la institución. Y las administraciones deben ser particularmente cuidadosas cuando una actuación no le gusta porque en los informes prevalece el juego de la palabra y de la razón, nunca están formados por opiniones políticas. Además, las resoluciones no son obligatorias y las administraciones siempre deben responder con argumentos.
En Alicante residen muchos ciudadanos vascos. ¿Cree que buena parte ha llegado aquí huyendo de la violencia terrorista?
No hay ningún estudio fiable que explique por qué muchos vascos tienen residencia estable en Alicante, que es una tierra que tiene muchos atractivos, pero es evidente que existe una amenaza terrorista y hay muchos profesionales y empresarios que pueden ser víctimas de la extorsión. Es un fenómeno insoslayable que muchos han abandonado el País Vasco por la amenaza terrorista. El terrorismo es un cáncer para la democracia y las libertades y decimos no a ETA como agente destructor del derecho a la vida, a la libertad, a la integridad, sistemáticamente pisoteadas por ETA, que no termina de desaparecer.
¿El terrorismo aparece en las quejas que tramita la institución?
No en las quejas, pero sí que ha habido alguna sobre las políticas públicas destinadas a las víctimas del terrorismo por insuficientes. Nosotros también hacemos informes extraordinarios de diferentes realidades y uno de ellos es precisamente el de la respuesta institucional a las víctimas del terrorismo, que estamos elaborando.
¿Reciben quejas de miembros del entorno terrorista?
Sí hemos recibido quejas de presuntos miembros de ETA detenidos que manifiestan haber sido víctimas de torturas o de malos tratos. En ese caso, cuando la intervención policial es de la Policía Nacional o la Guardia Civil la queja la remitimos al Defensor del Pueblo español pero también ha habido denuncias contra la Ertzaintza de presuntos miembros de ETA o de la izquierda abertzale y somos nosotros los que tramitamos las quejas, aunque tiene que ser la Administración de Justicia la que intervenga.
¿Han aumentado, porque era una de las últimas estrategias de la banda?
No tengo constancia, pero hay que trabajar en la prevención, en la línea de lo que recomiendan las organizaciones de derechos humanos, con medidas que den garantías a los detenidos y a los propios cuerpos de seguridad.
¿Cree que prosperará la ilegalización de ANV y del PCTV?
Eso queda fuera de nuestro ámbito de competencia.
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