El juicio, que comenzará las 10.00 horas del próximo martes, estará limitado a un aforo de 35 personas, a pesar de que son 1.500 las personas, la mayoría de ellas de procedencia humilde, que en 1993 perdieron parte de sus ahorros, cuando la entidad presentó suspensión de pagos y después declaró la quiebra.

Así, el fiscal acusa a cinco directivos de Caja Alcoy, para los que solicita seis años de prisión por una serie de operaciones autorizadas desde la dirección que entrañaban un alto riesgo de morosidad, al concederse créditos sin las debidas garantías.

Todo ello desembocó, según el ministerio público, en la suspensión de pagos y la quiebra que afectó a más de 1.500 ahorradores. Por su parte, las acusaciones particulares ampliaron la imputación delictiva a otras cinco personas.

El fiscal pide para cada uno de los acusados, cinco en total, seis años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, inhabilitación especial para profesión y oficio relacionado con la actividad propia de las entidades de crédito durante el tiempo de la condena, multa de 24 meses, con cuota diaria de 500 euros, con aplicación del artículo 53 del Código Penal, en su caso, y costas.

Además, establece que los acusados deberán indemnizar conjunta y solidariamente a la mesa de los acreedores de la entidad quebrada con la cantidad de 2.645.911 euros, que es el resultado de restar a la morosidad de la caja cuando presentó la suspensión, un total de 3.770.828, la cantidad de 1.124.917 euros recuperados por la administración de la quiebra.

Por su parte, los afectados, que ejercen la acusación particular, piden 40 años de cárcel, ya que incluyen en sus acusaciones a todos los miembros del consejo rector de la entidad alcoyana, algunos de los cuales no han sido acusados por el fiscal.

Además, acusan a los imputados de un delito societario y otro de apropiación indebida y también del de insolvencia punible. Asimismo, solicitan más de cuatro millones de euros en concepto de responsabilidad civil subsidiaria.

El tribunal ha reservado el primer día de juicio para que las partes planteen las cuestiones previas que consideren oportunas. El día 23 se continuará con el interrogatorio de los acusados y el 24 se iniciará las pruebas testificales, que se prolongarán en los días sucesivas hasta escuchar la declaración de más de 35 personas. Posteriormente, se escuchará a los peritos y la última semana se reservará para las conclusiones e informes.

Este se celebrará 14 años después de los hechos. El pasado mes de mayo, un juez de Alcoy cerró el sumario y lo remitió a la Audiencia Provincial, cuya Sección Tercera se encargará de juzgar los hechos. El Ministerio de Justicia ha reforzado con una juez a la sección, tal y como pidió el presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, Vicente Magro, quien sostenía su petición en la necesidad de que el magistrado pudiera centrarse en la celebración de este juicio.