El 65% de las casas que Costas prevé demoler en España están en Alicante

F. J. B. El 65% de las viviendas amenazadas de derribo en España por los deslindes que ha realizado la Dirección General de Costas para aplicar la ley aprobada en 1988 se encuentran distribuidas a lo largo de la franja litoral de la provincia, según refleja el informe que la plataforma de afectados remitirá a finales de mes a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. En total, en España existen unas dos mil casas construidas, según el Ministerio de Medio Ambiente, invadiendo el dominio público marítimo-terrestre -entre veinte y cien metros de protección, según los casos-, de las que unas 1.300 están en la provincia y el resto repartidas por Canarias, Asturias, Galicia, Valencia y Castellón. Carmen del Amo, portavoz de la plataforma nacional que reside en la Albufereta, calcula que en estos momentos la amenaza de la demolición afecta a unas cinco mil personas y reclama al Gobierno central, en nombre de los afectados, que deje sin efecto el carácter retroactivo de la Ley de Costas o la desafección de los terrenos donde se construyeron las viviendas.
Los propietarios alicantinos que tienen sus casas en zonas donde la aplicación de la Ley de Costas obliga a su derribo residen en la Albufereta -edificios Helios, Rocafel y Torre Alacant-, Arenales del Sol (Elche);, Dénia, Santa Pola y Guardamar y, junto al resto de personas afectadas, ultiman la redacción de la queja que presentarán en Bruselas. Los afectados denuncian la falta de diálogo de los rectores de Costas en Madrid que, según denuncian, no han hecho caso ni a las observaciones que traslada su director provincial. "Un hombre que ha visitado las zonas afectadas y comprende nuestros problemas compartiendo las posibles soluciones", apuntó ayer Carmen del Amo. "El Gobierno juega con un patrimonio que en muchos casos es el único que tenemos los afectados y si nos lo quitan nos van a dejar sin nada", subrayó la portavoz. Los propietarios se encuentran, además, con otro problema añadido y es que como no se ha resuelto el expediente de deslinde las casas no pueden ser ni vendidas, ni hipotecadas.
Por otro lado, fuentes jurídicas de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas señalaron, por otro lado, que "existen serias dudas sobre si todas las líneas de deslinde que se han trazado son correctas". En concreto, el edificio Torre Alacant de la Albufereta, que teóricamente invade por un metro la zona de dominio público marítimo-terrestre, sería incluso legal debido que el nuevo deslinde no respetó las marcas originales de los años sesenta, según los afectados. Otro problema con el que se encuentran todos los propietarios es que pese a que las viviendas se construyeron en su día ajustándose a la ley y con los permisos oficiales correspondientes, ahora Costas las considera ilegales. "Por qué ahora tienen que aplicarnos una ley con carácter retroactivo. Es una práctica que no se aplica en ningún estado de la UE, por ello vamos a denunciar el tema en Bruselas", subrayó Carmen del Amo.
Por otro lado, los representantes de 21 países mediterráneos reunidos en Almería, en la XV Conferencia de las Partes del Convenio de Barcelona, aprobarán el lunes en Madrid un nuevo protocolo que servirá para proteger unos 46.000 kilómetros de la costa de este mar. El nuevo Protocolo de Gestión Integrada de la Zona Costera será un instrumento que establecerá la obligación de preservar de edificaciones e infraestructuras los cien primeros metros de la línea de costas. Alrededor del 40% de la línea de costa del Mediterráneo se encuentra ocupada por carreteras, infraestructuras y edificios, una cifra que dentro de 20 ó 25 años podría alcanzar el 50% de ese territorio, según los informes.