El Defensor del Paciente ve ridícula la condena al ex alcalde de La Vila

REDACCI"N E
l Defensor del Paciente manifestó ayer su «repulsa ante la sanción» de 6.000 euros que el juzgado de Instrucción número dos de La Vila Joiosa ha impuesto al ex alcalde de la localidad José Miguel Llorca por simular ser médico sin tener la correspondiente titulación académica, según informó ayer la asociación en un comunicado.
El Defensor del Paciente se refirió al hecho de que el delito de intrusismo profesional haya prescrito en el caso de Llorca, que dejó de ejercer como médico en la clínica La Creueta de La Vila en 1999, y el juicio celebrado el pasado mes de diciembre le haya condenado por una falta por atribuirse públicamente la condición del médico sin tener el título.
Al respecto, el Defensor del Paciente consideró que «es triste comprobar cómo lo que significa intrusismo profesional se titula falta de órden público, o lo que es lo mismo, como si un "ciudadano de a pie" hubiera gritado en la vía publica».
De igual modo, subrayó que «es lamentable que la justicia sea tan estricta con algunos ciudadanos y tan ridícula para otros», y advirtió que «es evidente que puede seguir ejerciendo [como médico], ya que la multa la recuperará de forma inmediata y ganará para pagar otra dentro de unos años de ejercicio».
En opinión de esta asociación, «da igual que haya puesto en riesgo la salud y la vida de los pacientes y que haya tratado sin titulación académica», dado que, según apunta el Defensor del Paciente, «la juez magnánima le exonera, aunque el intrusismo profesional esté tipificado por la ley como delito».
Llorca dejó de ejercer la medicina en el año 1999 a raíz de su elección como alcalde de Villajoyosa, cargo que ocupó durante ocho años. Esta circunstancia hace que el delito de intrusismo profesional haya prescrito, al haber pasado más de cinco años. Sin embargo, se le condena por una falta contra el orden público porque durante estos años ha seguido haciendo ostentación de su falsa condición de médico.
La asociación recogía la polémica en su memoria anual del año pasado y responsabilizaba de la situación a la Conselleria de Sanidad por no llevar a cabo las inspecciones oportunas para impedir que puedan darse fraudes sanitarios de este tipo. El Defensor del Paciente acusaba a la administración de permisividad.