JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ
L
a Audiencia está trabajando contrarreloj para celebrar antes de abril el juicio por el mayor alijo de cocaína intervenido en la provincia de Alicante, mes en el que se agota el plazo máximo de cuatro años que los principales acusados pueden pasar en prisión preventiva. En esta operación, la Policía intervino más de 3.300 kilos de cocaína que estaban ocultos en contenedores de fruta en una nave del polígono industrial de Torrellano. Si el caso no está juzgado y sentenciado para ese mes, los cinco acusados que están en la cárcel por estos hechos tendrán que salir en libertad. Los procesados se enfrentan a penas de hasta catorce años de prisión y la Fiscalía teme que existe riesgo de fuga si quedan libres. Para terminar de complicar la situación, uno de los abogados ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo cuestionando que la Audiencia Provincial sea competente para juzgar los hechos, ya que la investigación comenzó con unas intervenciones telefónicas en Barcelona.
A finales del año recientemente finalizado, la Audiencia se encontró con otro caso similar, en el que los implicados en un secuestro en Villena estaban a punto de quedar en libertad al agotarse el plazo máximo de prisión preventiva. También entonces las defensas presentaron un recurso ante el Supremo cuestionando la competencia de los juzgados de Alicante en la causa. El juicio pudo celebrarse en diciembre y se espera que la sentencia se haga pública después de vacaciones. Esta vista se celebró con el precedente del caso del triple crimen de Benifallim. El principal acusado tuvo que salir en libertad al haberse agotado el plazo máximo que podía pasar en prisión preventiva por los retrasos que tuvo el juzgado en la instrucción del caso. El asunto provocó una gran alarma social y motivó que la Fiscalía estableciera controles periódicos para evitar que volviera a ocurrir. A pesar de estas revisiones, es la segunda vez en menos de un mes que se da la circunstancia de que vinculados con procesos de crimen organizado están a punto de quedar en libertad por retrasos en la instrucción. Esta vez, el juzgado de Elche ha tardado más de tres años en completar la instrucción y enviar el asunto a la Audiencia, que pasó la causa a las partes para que calificaran. El fiscal hizo el escrito de acusación el pasado mes de octubre y ahora están informando las defensas de los siete acusados.
La Audiencia de Elche está volcada en sacar el juicio a tiempo. Según fuentes cercanas al caso, la previsión es celebrar la vista entre finales de febrero y principios de marzo y se ha advertido a las partes con exigirles responsabilidades penales si se detecta cualquier intento para provocar la suspensión del juicio.
En el proceso por el secuestro de Villena, el Supremo dio la razón a la Audiencia de Alicante como órgano competente para juzgar la causa. Esta decisión ha dado cierta tranquilidad a los magistrados, ya que consideran que este conflicto de competencias es muy similar al que ahora se está planteando por parte de las defensas, según fuentes judiciales.