E
l retraso con el que se señalan los juicios en Alicante, sumado a la falta de medios para deshacerse de las piezas de convicción una vez que han concluido los procedimientos, está copando las oficinas de los juzgados de una ingente cantidad de objetos intervenidos, algunos de ellos con hasta quince años de antigüedad, y muchos de los cuales son de difícil destrucción, según explicaron a este diario fuentes judiciales. Ante esta situación, desde el Palacio de Justicia de Benalúa se han remitido varios expedientes en los que se solicita a la Conselleria, a quien está atribuida la competencia sobre los medios materiales, que indique la empresa, organismo o servicio que tenga concertado o pueda asumir la destrucción de aquellos efectos a los que no se les puede dar salida con los recursos de los que hoy disponen los juzgados.
Aunque estas reclamaciones se vienen realizando periódicamente por escrito desde hace más de dos años, algunas enviadas incluso con acuse de recibo, hasta el momento no ha habido contestación oficial por parte de la Conselleria de Justicia. Tanto es así que el último de estos oficios cursados a la Dirección General de Justicia de la Comunidad Valenciana, al que ha tenido acceso este diario, comienza destacando «el tiempo transcurrido desde las anteriores comunicaciones sin haber obtenido respuesta».
Cuando los juzgados concluyen sus procedimientos se pone de manifiesto, señalan las citadas fuentes, la necesidad de proceder a destruir las piezas de convicción y los efectos obrantes en los propios procesos, siempre tras la autorización del Ministerio Fiscal y atendiendo al carácter ilícito de estas pruebas, o que su nulo valor económico hace inviable su venta en subasta. Llegados a este punto, en los juzgados de Benalúa tienen claro el sistema de inutilización o destrucción cuando se trata de armas, drogas tóxicas o estupefacientes, de los que se hace cargo la Subdelegación del Gobierno, según dijo la juez decana,?Montserrat Navarro. En otros casos, como cuando se trata de papel, tela, cristal, plásticos no rígidos y semejantes, son los propios juzgados los que pueden deshacerse de ellos con sus propios medios. La norma general es que sean los servicios de mantenimiento de los órganos judiciales los que se ocupen de esta labor, por lo que muchas de estas piezas acaban en los contenedores de basura más próximos, en alguna ocasión siendo «rescatadas» por los indigentes, según las mismas fuentes.?Sin embargo, existen otros materiales, como por ejemplo objetos metálicos -hebillas de cinturón o logotipos falsificados, herramientas-, plásticos rígidos, piezas de gran tamaño y líquidos tóxicos -gasolinas, venenos, etc-, que no pueden ser debidamente inutilizados o destruidos por los propios juzgados.
Respecto al destino previsto para estos materiales, fuentes de la Conselleria explicaron a este diario que estos efectos pueden ser enviados al ecoparque de la comarca, mientras que, en otros casos, «pueden ser destruidos en las calderas de los juzgados», añadieron. Distintas fuentes del Palacio de Justicia de Benalúa consultadas al respecto por este periódico aseguraron desconocer que exista una sala con este tipo de máquinas en el edificio.
