F. J. B. / REDACCIÓN
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a Federación de Promotores y Agentes Urbanizadores de la Comunidad Valenciana denunció ayer que en el 80% de las promociones inmobiliarias Iberdrola exige que sean sus propios instaladores los que ejecuten las obras necesarias para abastecer de energía a nuevas construcciones, así como que el precio estipulado por la subcontrata supera en un 30% la tarifa media del mercado. Además y según la patronal, las «prácticas abusivas» de la compañía distribuidora provocan retrasos de hasta 6 meses en el 84% de las promociones que se ejecutan en Alicante.
Así lo indicaron ayer en rueda de prensa, el secretario general de la Federación de Promotores, Benjamín Muñoz, y el asesor legal de la entidad, Luis Cañellas, que presentaron una encuesta realizada al efecto y que darán a conocer mañana ante el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo. De este modo, Muñoz explicó que en el caso de la Comunidad, Iberdrola no da a los promotores información sobre los transformadores, pero «exige a los constructores que paguen lo que cuesta transportar la energía desde el transformador» así como que esa gestión se realice con las empresas en las que «confía» la distribuidora, por lo que lamentó que los promotores tienen que «conformarse con el presupuesto que les pasa Iberdrola sin opción a contradecirlo».
Asimismo, denunció que Iberdrola presiona a los promotores al plantearles que si contratan también el suministro de gas y las telecomunicaciones, «aligerarán las obras y les ofrecerán mejores condiciones». Cañellas añadió que la encuesta refleja que los retrasos en las promociones de viviendas afectan a un 93% de las obras en Valencia y un 84% en Alicante.
Cañellas denunció también que varios promotores les han transmitido que «como último requisito para cerrar el convenio de electrificación, la distribuidora solicita una lista con datos y nombres de los nuevos adquirientes de viviendas para ser la primera compañía que oferta telecomunicación y gas», algo que calificó como «muy grave» ya que supone un «abuso de su posición». Además, los peticionarios de nuevo suministro, que en la mayoría de las ocasiones son los promotores, deben costear la red de distribución y los puntos de conexión que deben ser cedidos de forma gratuita a Iberdrola. Muñoz explicó que la distribuidora pide «20 m
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en la planta baja de la construcción y con salida a la calle», de modo que «dificultan el posible uso comercial de los bajos».
En cuanto a las «prácticas abusivas» que, según Cañellas realiza Iberdrola, éste subrayó que se trata generalmente de «retrasos injustificados con la tramitación de expedientes, falta de motivación en cualquiera de las resoluciones por parte de la compañía, la toma de decisiones arbitrarias en la tramitación de expedientes de licitación, imposición por parte de la compañía de los subcontraristas y los instaladores eléctricos, y que no ofrece justificación sobre la potencia».
Por su parte, un portavoz autorizado de Iberdrola negó ayer que obligue a las promotoras a subcontratar los trabajos. «Cumplimos estríctamente el reglamento eléctrico y la ley dice que deben ser empresas homologadas las que hagan estos trabajos. En cuanto a la acusación de que pedimos que contraten el gas u otros servicios es incierto porque los permisos los da la Administración autonómica». La misma fuente negó prácticas abusivas y sobre la petición de datos de los compradores «símplemente queremos saber la potencia que quieren contratar los futuros usuarios».
