EUROPA PRESS
Así lo indicaron hoy en rueda de prensa, el secretario general de la Federación de Promotores, Benjamín Muñoz, y el asesor legal de la entidad, Luis Cañellas, que presentaron una encuesta realizada al efecto y que darán a conocer el próximo miércoles ante el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo.
De este modo, Muñoz explicó que en el caso de la Comunitat Valenciana, la empresa Iberdrola no da a los promotores información sobre los transformadores, pero "exige a los constructores que paguen lo que cuesta transportar la energía desde el transformador" así como que esa gestión se realice con las empresas en las que "confía" la distribuidora, por lo que lamentó que los promotores tienen que "conformarse con el presupuesto que les pasa Iberdrola sin opción a contradecirlo".
Asimismo, denunció que Iberdrola traslada a los promotores que si contratan también el suministro de gas y las telecomunicaciones, "aligerarán las obras y les ofrecerán mejores condiciones". Cañellas añadió que la encuesta refleja que los retrasos en las promociones de viviendas afectan a un 93 por ciento de las obras en Valencia y un 84 por ciento en Alicante, una demora que alcanza como media los seis meses.
Cañellas criticó también que varios promotores les han transmitido que "como último requisito para cerrar el convenio de electrificación, la distribuidora solicita una lista con datos y nombres de los nuevos adquirientes de viviendas para ser la primera compañía que oferta telecomunicación y gas", algo que calificó como "muy grave" ya que supone un "abuso de su posición".
Además, los peticionarios de nuevo suministro, que en la mayoría de ocasiones son los promotores, deben costear la red de distribución y los puntos de conexión que deben ser cedidos de forma gratuita a Iberdrola. Muñoz explicó que, generalmente, la distribuidora pide "20 metros cuadrados en la planta baja de la construcción y con salida a la calle", de modo que "dificultan el posible al uso comercial de los bajos".
En este sentido, el secretario general de la Federación subrayó que ya hay una empresa que fabrica transformadores por módulos --de forma que se reduce su tamaño-- que ya están en marcha en otras autonomías. En la Comunitat, según dijo, están a la espera de que la Conselleria de Infraestructuras homologue esta nueva técnica y ante esta posibilidad, aseguró que Iberdrola les ha transmitido que "deberán ceder el local igualmente puesto que les corresponde por ley".
"PRÁCTICAS ABUSIVAS"
Estas "prácticas abusivas", vienen, según explicaron, por la "situación de monopolio natural" que la ley admitió con el Real Decreto de 2005. Muñoz explicó que hasta ese momento las relaciones entre los primeros peticionarios de suministro de energía y la empresa distribuidora eran "cordiales", hasta que "con la ley de su parte, comenzaron estas prácticas".
Al respecto, añadió que, mientras que Iberdrola propuso que se prohibiese la distribución en cascada --de forma que sólo pueden pasar por las líneas de alta tensión los kilowatios de la empresa distribuidora que sea dueña de las mismas--, ahora pide que se permita este tipo de distribución en el gas.
En cuanto a las "prácticas abusivas" que, según Cañella realiza Iberdrola, subrayó que se trata generalmente de "retrasos injustificados con la tramitación de expedientes, falta de motivación en cualquiera de las resoluciones por parte de la compañía, la toma de decisiones arbitrarias en la tramitación de expedientes de licitación, imposición por parte de la compañía de los subcontraristas y los instaladores eléctricos, y que no ofrece justificación sobre la potencia disponible".
Frente a ello, la Federación de promotores acudirá el próximo miércoles 19 de diciembre al Comité de Peticiones del Parlamento Europeo para "exigir que se revise la legislación y que se conceda mayor protección al peticionario de nuevo suministro y para que los promotores tengan más garantía en el momento de relacionarse con la compañía distribuidora", apuntó Cañellas.
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