EFE
Briones ha enviado el escrito de apelación a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que (TSJCV);, según han informado fuentes de la Fiscalía alicantina.
La mencionada Sala, que asumió en octubre la investigación del mencionado caso, emitió el pasado 29 de noviembre un auto de archivo sobre la citada causa abierta por un juzgado de Alicante por entender que los hechos denunciados no eran constitutivos de delito.
El TSJCV decidió emitir auto de archivo al no apreciar "la existencia de un concierto" entre los imputados para "permitir a la empresa adjudicataria de las obras del aparcamiento una modificación del contrato de obra y concesión relativo a los tres estacionamientos subterráneos", según informaron entonces fuentes del TSJCV.
El fiscal Anticorrupción de Alicante, quien ya dirigió la acusación pública en este caso, continuará con esta labor, después de que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, haya contestado positivamente a la solicitud que en este sentido le había formulado el propio Briones.
En la causa estaban imputados, además del alcalde, la concejal de Urbanismo, Sonia Castedo, y el ex concejal de Seguridad Ciudadana y Tráfico Luis Concepción, todos ellos acusados de un supuesto delito de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad y malversación de caudales públicos en relación a la construcción de tres aparcamientos subterráneos en Alicante.
Las investigaciones se iniciaron en 2006, tras las denuncias sobre modificaciones en el contrato de tres aparcamientos subterráneos a favor de la empresa Ortiz e Hijos, que habrían supuesto al Ayuntamiento de Alicante un quebranto económico de más de 2,2 millones de euros.
Sin embargo, la Sala del TSJCV considera suficiente la prueba practicada por el Juzgado de Instrucción número 8 de Alicante y, tras su examen, ha estimado que no concurre delito de prevaricación administrativa, puesto que la actuación no se ha hecho "a sabiendas" ni hay en ella una "ilegalidad evidente, patente, flagrante y clamorosa".
Además, argumenta que, en este caso, hay que distinguir entre la actuación administrativa que, siendo arbitraria, no implica un dolo penal, aunque "pueda suponer irregularidades administrativas que deben resolverse en el ámbito de la jurisdicción Contencioso-Administrativa".
El juez tampoco cree acreditado el supuesto delito de tráfico de influencias, ni de los miembros del equipo de Gobierno local ni de la empresa adjudicataria del contrato.
En la resolución judicial, contra la que ahora se presenta recurso de reforma y apelación, no consta que sus responsables hayan ejercido "influencia alguna" para el traspaso del expediente de una concejalía a otra, ni tampoco para la emisión del informe en determinado sentido, ni consta que se ejerciera "influencia o presión" para facilitar una modificación de contrato.
La Sala de lo Civil y Penal del TSJCV asumió la investigación del caso el pasado 19 de octubre, por la condición de diputado y aforado del alcalde.
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