P. ROSTOLL
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a Diputación volverá a convertirse durante 2008 en el eje sobre el que pivotará la inversión en las comarcas alicantinas. Frente a la discriminación que sufre la provincia tanto desde la Generalitat como desde la Moncloa, de acuerdo a los datos del informe de la Cámara de Comercio que Antonio Fernández Valenzuela puso sobre la mesa durante la Noche de la Economía Alicantina, el esfuerzo inversor de la Diputación para el año 2008 es más de doce puntos superior del que reflejan en sus cuentas la administración autonómica, en manos del PP, y la Estatal, en poder de los socialistas, según el análisis de los diferentes datos.
Los números cantan. De cada 100 euros que la corporación provincial, que preside José Joaquín Ripoll, ha presupuestado para 2008, un total de 37,1 estarán dedicados de forma íntegra a las inversiones. En el caso de la Diputación, la mayor parte de sus actuaciones están centradas en la cooperación municipal
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obras hídricas, dotaciones y servicios, instalaciones deportivas y culturales...
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y en los viales de conexión entre las diferentes poblaciones. Aunque de forma global, la inversión de la Diputación queda congelada e incluso cae, de forma mínima, en algo más de un punto, departamentos puramente inversores como Cooperación crecen en un 13%, Ciclo Hídrico un 6,3% o Carreteras en un 10,5%.
Mientras tanto, el Gobierno socialista de Zapatero, siempre conforme a los datos del informe con el que trabaja la Cámara de Comercio, se mueve en un porcentaje inversor doce puntos inferior al de la corporación provincial. Es decir, de cada cien euros que el Estado dedicará a la Comunidad Valenciana durante 2008, de no mediar modificación alguna en las cuentas durante la tramitación parlamentaria, apenas 25,1 euros, una cuarta parte, tendrán como destino la provincia de Alicante. El porcentaje no se acerca, ni de lejos, a cumplir con el criterio de población. De hecho, las comarcas alicantinas, con uno de los crecimientos vegetativos más dinámicos de toda España, suman, de largo, cerca del 40% de los habitantes de la Comunidad.
Ni cumple el Estado con el criterio de población para repartir los fondos públicos pero tampoco el Consell que encabeza Francisco Camps. Con el agravante, además, de que el Gobierno autonómico ha hecho del reparto en función del número de habitantes uno de los caballos de batalla de su estrategia de victimismo y de la supuesta discriminación frente al Ejecutivo de Madrid, quizá el principal eje de la campaña electoral del actual jefe del Consell. De hecho, Camps reclama a Madrid unos 500 millones de euros extraordinarios por un crecimiento de población que se debe, en gran medida, a los municipios de Alicante.
Sin embargo, la Generalitat no aplica esa misma vara de medir a la hora de repartir su presupuesto entre las tres provincias de la Comunidad. De hecho, de acuerdo a los datos del informe con el que Valenzuela desató las iras del jefe del Consell durante la Noche de la Economía Alicantina, de cada 100 euros que la Generalitat destinará a inversiones en 2008, apenas 26,8 vendrán a las comarcas alicantinas, alrededor de once puntos por debajo del esfuerzo inversor de la Diputación y más de diez por debajo de lo que, en realidad, le correspondería a la provincia en función de su población.