El Consell cita a los alcaldes para intentar reactivar la construcción de vivienda protegida

LAURA BALLESTER La mayoría de los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana han incumplido la obligación legal de declarar el patrimonio municipal de suelo al Registro Autonómico creado por la Generalitat en 2004. Esta desidia municipal se ha extendido a la obligación legal de construir vivienda de protección oficial (VPO); en este mismo suelo público o, si el consistorio no tiene liquidez suficiente para construir, vender este suelo a los promotores para que sea la iniciativa privada la que construya las VPO.
Los últimos datos oficiales facilitados sobre el registro dan buena muestra del fracaso de esta medida: en marzo de 2006 sólo 57 municipios habían declarado al registro 447.606 m 2 de suelo público disponible para construir VPO. Otros 18 aún debían aportar más documentación y 195 consistorios habían ignorado directamente la obligación legal de declarar su patrimonio público de suelo ante el registro.
Ante este incumplimiento de la normativa legal - el registro ya aparecía en la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU); y se perfeccionó en la Ley Urbanística Valencia (LUV); - la Conselleria de Vivienda va a reunir a los alcaldes afectados para «facilitarles las herramientas necesarias para sacar al mercado este suelo», según explicó ayer Maria Jesús Rodríguez, la directora general de Vivienda y Proyectos Urbanos. Rodríguez participó en las jornadas organizadas por la Asociación Valenciana de Empresas de Producción Inmobiliaria y de Construcció (Aveic); que preside Adolfo Cámara. La próxima semana se celebrará la primera reunión con los regidores de Alicante (la cita afecta a los municipios con más de 5.000 habitantes);. Se trata de buscar el consenso y el acuerdo con los ayuntamientos porque «somos conscientes que algunos ayuntamientos carecen de medios y tienen voluntad pero no posibilidades de cumplir con esta obligación legal por eso vamos a celebrar estas reuniones». señaló.