ALEJANDRO FERNÁNDEZ
Alrededor de 500 mujeres habrán renunciado a una orden de protección en la provincia cuando acabe el año. Este dato, facilitado por el presidente de la Audiencia Provincial, Vicente Magro, pone en evidencia que todavía queda mucho camino por recorrer para poner fin a «esta lacra social» que crece de forma progresiva.
Hoy, sin ir más lejos, se cumple una semana desde la muerte de Svetlana presuntamente a manos de su ex pareja. Esta joven rusa, que declinó volver con su supuesto asesino en un programa de televisión ante miles de personas, también había rechazado una orden de protección. Svetlana era una de ese medio millar de mujeres que, bien por miedo o bien por amor, descartaron protección.
Magro consideró ayer «muy grave» esa estadística, señaló que con el paso del tiempo esa cifra ha ido aumentando de forma imparable y lamentó además que «hay otro 10 por ciento de mujeres que renuncian a declarar contra su agresor». El presidente de la Audiencia, impulsor de los cursos de reeducación para maltratadores en España, consideró también que la Justicia y las administraciones públicas tienen el deber de convencer a las mujeres maltratadas para que no renuncien a las órdenes de alejamiento. «Hay que ayudarlas para que confíen en la Justicia», sentenció Magro.
Magro también se mostró partidario de «crear unidades policiales que vigilen que se están cumpliendo las órdenes de alejamiento». El objetivo de esta iniciativa sería la intervención de estas unidades «en el caso de que la víctima y su agresor reanuden la convivencia para comprobar que la decisión de la mujer es libre y que no vuelve a ser agredida».
Más rapidez
El magistrado además abogó por atajar el problema de los malos tratos -una vez cometidos- desde el mismo momento en el que la víctima decide dar un paso al frente y denuncia a su pareja o ex pareja. «Sería conveniente crear en los juzgados equipos de profesionales que atendieran psicológicamente a las víctimas y les expliquen los recursos asistenciales y sociales de los que disponen».
Y es que a un mes escaso de que se cierre el año, los números no son nada alentadores. Alicante, con cinco muertes, es la segunda provincia española con más víctimas por malos tratos. Además, hasta el 31 de octubre ya se han registrado 3.188 denuncias por violencia doméstica en Alicante.