L a magistrada del juzgado de Instrucción número 1 de Alicante, que investiga desde hace cinco años el caso Mercalicante, ha admitido a trámite la petición de que se cierre el proceso penal abierto contra el alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, el concejal Juan Zaragoza y el entonces también edil y hoy director general de Ciudad de la Luz, José María Rodríguez Galant.

Así lo confirmó ayer a este diario Joaquín Galant, abogado de estos tres imputados por el mayor desfalco registrado en Alicante en una empresa mixta de capital público. El letrado de quienes eran miembros de la comisión ejecutiva de Mercalicante cuando se detectaron las irregularidades presentó un escrito, con fecha del pasado 26 de octubre, en el que solicitaba a la juez que dictara el sobreseimiento libre para sus clientes, argumentando que ninguno de los tres tiene responsabilidad alguna en los cargos - por un delito societario y otro de apropiación indebida - que se les imputan tras la querella presentada por el PSOE. En el proceso también están inculpados dos técnicos de Mercasa, la mercantil que comparte con el Ayuntamiento la gestión de la sociedad.

En una providencia notificada ayer a la defensa, la magistrada da cuenta del traslado de su admisión a trámite de la petición tanto al fiscal como a ambas partes, para que se puedan pronunciar al respecto. El letrado reiteró ayer en declaraciones a este diario que Alperi, Rodríguez Galant y Zaragoza «no eran administradores personales de la sociedad» y, en consecuencia, «no se les puede acusar de haberse quedado con nada; tenían que haber tenido el dinero en depósito y eso no era así».

La acusación fundamenta su querella en que la comisión ejecutiva de la que los tres formaban parte - y en la que Alperi, en calidad de presidente, y Zaragoza siguen estando - debía autorizar las operaciones financieras de Mercalicante, una tarea que, a la vista de la desaparición de seis millones de euros de las arcas de la empresa, está en entredicho. Joaquín Galant defiende, por otro lado, que para cometer el delito societario «tiene que haber dolo, es decir, voluntad de querer hacerlo» y, en este punto, recordó que «el PSOE les acusa por omisión». A su juicio, «no hay prueba ninguna» contra sus clientes, a quienes ve como víctimas de una «trama absurda». «No se puede mantener ni un día más la imputación contra estos políticos. Además, en el caso de Alperi presidía la empresa por ser el alcalde de Alicante, por lo que es el nombre de la ciudad lo que está en juego», dijo.

Si la juez decidiera sobreseer el procedimiento, la causa no sería trasladada a Valencia. En caso de rechazarse la petición, el proceso deberá asumirlo el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ-CV); debido a la condición de aforado de Díaz Alperi, que fue elegido diputado autonómico en las pasadas elecciones. De producirse el traslado, Joaquín Galant anunció que presentará al TSJ-CV la misma petición de sobreseimiento.