E l vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, dejó ayer meridianamente claro que el amparo que la presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez, ha concedido a un diputado del PSPV para que acceda a documentación de dos empresas públicas - Sociedad Proyectos Temáticos y Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat (SGIEP); - no será suficiente para que el Gobierno abra los despachos a la oposición. Preguntado en rueda de prensa sobre si tenía intención de permitir que el diputado José Camarasa tuviera acceso a la información solicitada a su departamento (actas del consejo de administración, junta general de accionistas y contratos de suministros, patrocinios y prestaciones de servicios de la SGIEP);, Rambla dijo suponer que cuando llegue el momento contestará al socialista del mismo modo que lo hizo en su día. Es decir, no le facilitará los datos.
En su respuesta parlamentaria, el conseller de Presidencia invitó a Camarasa a buscar la información en el Registro Mercantil y en la Sindicatura de Comptes. Ayer Rambla dijo no recordar qué le contestó al diputado, pero adelantó que «reiterará lo mismo» al no creer que «en aquella ocasión despreciara la iniciativa, la pregunta o la necesidad de información que requería el diputado».
Rambla presumió que el vicepresidente económico
Aunque Rambla midió su respuesta ante los periodistas, dejó caer varias perlas que evidencian la desautorización a la presidenta de las Cortes que, con su decisión, ha puesto en un brete al Ejecutivo valenciano. Así, Rambla señaló que según el nuevo Reglamento de las Cortes, Camarasa podría haber utilizado previamente otras vías previas a la solicitud de amparo, como una pregunta oral en comisión o una pregunta en pleno. Y aprovechó para señalar que si el diputado lo desconocía «los servicios de la Cámara le podrían haber informado».
El vicepresidente trató de salvar a Martínez al atribuir la decisión de otorgar el amparo a la Mesa de las Cortes y sus servicios jurídicos, pero apuntó que el Consell buscará su propia salida legal para no acceder a la petición del PSPV.
Así, manifestó que «actuará» en consecuencia cuando reciba el escrito de las Cortes, pero siempre «dentro de la ley». Además, trató de rebatir los acusaciones sobre falta de transparencia indicando que en el último periodo de sesiones la oposición presentó 2.500 iniciativas y que sólo se ha solicitado amparo en una ocasión. En lo que toca a su departamento, dijo no tener ningún
Por otra parte, el conseller de Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco, llevó ayer al pleno del Consell el anteproyecto de ley de Participación Ciudadana, un texto que, entre otras cuestiones, recoge el derecho de los ciudadanos a participar en la elaboración de los proyectos legislativos del Ejecutivo valenciano. La ley, un compromiso electoral del PP según recordó el propio Blasco, quedó pendiente de aprobar la pasada legislatura. La conselleria que entonces dirigía Gema Amor dejó ultimado un borrador que ha sido actualizado y corregido en aquellos puntos que suscitaron dudas en el Gabinete Jurídico de Presidencia.
