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Presos de Alicante y Villena con proyectos de autoempleo optarán a microcréditos

La CAM y la Fundación por la Justicia inician un programa pionero que contempla ayudas de hasta 30.000 euros

 
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Un instante

 de la firma, ayer, del convenio de los microcréditos para presos
Un instante de la firma, ayer, del convenio de los microcréditos para presos   CEDIDA

REDACCION F omentar y potenciar el desarrollo de iniciativas empresariales de autoempleo entre los presos es el objetivo del convenio que firmaron ayer Antonio Gil-Terrón, presidente del Consejo Territorial de Caja Mediterráneo; Roberto López, director general de la entidad; y Miguel Falomir, patrono de la Fundación por la Justicia y coordinador del proyecto. Se trata de una iniciativa pionera a nivel nacional y dirigida a la población reclusa de los centros penitenciarios de Alicante, Villena y Picassent que busca no sólo promover la participación en el mercado laboral sino, a través de los microcréditos, luchar contra la pobreza y la exclusión social.
Un total de 16 proyectos han sido seleccionados después de haber llevado a cabo los internos un curso de formación. La cantidad económica otorgada para este tipo de operaciones pueden alcanzar hasta los 30.000 euros, y mantienen unas condiciones preferenciales. El director de CAM, Roberto López, explicó que «este tipo de acciones encaja perfectamente en uno de nuestros pilares de actuación de Obras Sociales
El portavoz de Fundación por la Justicia, Miguel Falomir, argumentó que «se les ve muy ilusionados, tienen la oportunidad de renovar su vida, resocializarse, ser útiles de nuevo para la sociedad; por ello debemos felicitarnos».
Caja Mediterráneo impulsa el desarrollo de este programa de microcréditos que está destinado a apoyar los proyectos de autoempleo de todas aquellas personas que tienen dificultades para acceder a financiación por medios tradicionales, personas sin recursos pero con ideas de negocio que les pueden llevar a desarrollar proyectos laborales por cuenta propia, en este caso de la población reclusa que se convertirá en protagonista de su propio proceso de inserción sociolaboral.
Por su parte, la Fundación por la Justicia, que cuenta con experiencia en la inserción sociolaboral de colectivos vulnerables, identificará los potenciales beneficiarios con espíritu emprendedor y los formará, informará y asesorará tanto en la elaboración del plan de negocio como en la presentación de documentación para luego realizar un control o seguimiento de la empresa para garantizar la sostenibilidad del proyecto y la devolución del crédito. Este programa ha sido impulsado por Instituciones Penitenciarias.

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