E l rescate de 38 inmigrantes argelinos que navegaban en cuatro pateras provocó ayer un cruce de acusaciones entre miembros del Consell y del Gobierno central por la situación actual de la vigilancia de la costa alicantina para prevenir la inmigración ilegal.
El conseller de Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco, achacó a la «nefasta e ineficaz política migratoria» del Gobierno central la llegada de pateras. «La llegada de cayucos a las costas levantinas ha dejado de ser una anécdota y, por desgracia, la Comunidad Valenciana ya se ha convertido en destino de la inmigración ilegal», afirmó el conseller. Blasco exigió un mayor control fronterizo, una política europea común y más inversión y control en origen. El conseller recordó que durante los dos últimos años, alrededor de 3.000 inmigrantes han sido trasladados a la Comunidad Valenciana por el Gobierno central, de los que mil corresponden a este año.
La llegada de inmigrantes representa un «sobreesfuerzo» para el Consell que, a cambio, «no recibe» las contraprestaciones económicas«necesarias» por parte del Ejecutivo. El conseller indicó que la Generalitat «va a cumplir, como siempre, con las labores humanitarias y va a dar cobertura a las necesidades básicas de estas personas».
El conseller de Gobernación, Serafín Castellano, exigió ayer al Gobierno central la puesta en marcha de un plan inmediato para reforzar la vigilancia en las costas de la Comunidad Valenciana para evitar que se conviertan en «un nuevo punto de entrada de inmigrantes» a esta autonomía. Para el conseller, la llegada de cuatro nuevas pateras confirma «las sospechas y la preocupación» de la Generalitat por que la arribada de las primeras embarcaciones con inmigrantes ilegales el pasado septiembre a las costas alicantinas «no era un caso puntual, como en ese momento nos dijo el Gobierno socialista, sino que se ha reiterado». Castellano considera que la llegada de más inmigrantes «significa que la vigilancia que el Gobierno central mantiene en nuestras costas es absolutamente insuficiente».
La subdelegada del Gobierno en Alicante, Encarna Llinares, pidió «sentido común» y «sensatez» al conseller de Gobernación, Serafín Castellano. «Yo le pediría un poco de sentido común, de sensatez, porque creo que en estos temas lo que se impone es la cooperación, trabajar conjuntamente e ir solucionando problemas», subrayó.
Según Llinares, la vigilancia es «una prioridad para el Gobierno», demostrada con el «refuerzo y puesta en marcha» del Sistema Integral de Vigilancia Exterior que en Alicante supuso una inversión de «más de ocho millones».
Preguntada por la posibilidad de un buque nodriza que desembarque a los inmigrantes, Llinares afirmó que no barajan ninguna hipótesis y que su labor se centró en que los inmigrantes llegaran en las mejores condiciones.
El secretario general del PPCV, Ricardo Costa, preguntó a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández De la Vega, «por qué no se han puesto en marcha los mecanismos de vigilancia» que ella misma anunció el pasado verano para controlar la llegada de inmigrantes ilegales.
