l presidente de la Asociación Valenciana de Ayuda al Refugiado, Javier Edo, alertó ayer de la posibilidad de que el fenómeno de las llamadas «petites bonnes», niñas menores de edad que trabajan como criadas en Marruecos, se extienda a familias marroquíes residentes en España. «La clase media emergente marroquí no está en su país, está en España», manifestó Edo, que intervenía ayer en el curso «Los menores del siglo XXI» organizado en Alicante por la Unión Progresista de Fiscales.
Tras recordar que miles de niñas procedentes de familias pobres o de regiones desfavorecidas del país marroquí trabajan en el servicio doméstico para familias adineradas de ciudades más prósperas, Edo subrayó la posibilidad de que estas «niñas sirvientas» puedan ser ahora enviada a España para atender a las familias marroquíes. «Las familias pobres de Marruecos, si pueden, enviarán a sus hijas como sirvientas para otros compatriotas en España», reiteró, según informa Efe.
Estas menores, que estarían en situación irregular, quedarían privadas de sus derechos más fundamentales, como la educación, y perderían su relación con sus padres, además de aquellos elementos que conforman su desarrollo, como el juego o la relación social. Otro aspecto que desvela la posible extrapolación de este fenómeno de las «petites bonnes» a España es el hecho de que, entre los menores inmigrantes no acompañados localizados en España, «empieza a incrementarse el número de niñas».
Además, si la edad hasta ahora de los menores que ilegalmente se introducían en España oscilaba entre los 16 y los 17 años, «ahora empiezan a llegar con 12 y 13 años». A lo largo del pasado año, las diferentes comunidades autónomas acogieron a 1.600 de estos menores no acompañados, principalmente procedentes de Marruecos, países subsaharianos y Rumanía. Escondidos en camiones o en embarcaciones, estos menores huyen de la pobreza o de posibles situaciones de maltrato o explotación, en algunos casos apoyados por sus progenitores.
Cuando son localizados e identificados como menores, son las comunidades autónomas las que tienen la obligación de asumir su tutela e iniciar los trámites para buscar a la familia del menor en el país de origen e iniciar una posible reunificación familiar, previa autorización de la Fiscalía.
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