E l portavoz de política social y empleo del grupo socialista en las Cortes, Antonio Torres, afirmó ayer que la contratación de ocho evaluadores de la Ley de Dependencia para la provincia de Valencia «llega tarde y mal» porque, según explicó, desde que la norma entrara en vigor a principios de año, la Generalitat «ha tenido tiempo de sobra para poner a disposición de los valencianos el número suficiente de profesionales». Torres aseguró no «entender» por qué el convenio se ciñe exclusivamente a la provincia de Valencia, cuando «Alicante y Castellón se encuentran en la misma situación de precariedad».

Además, recordó en un comunicado que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se comprometió, durante la campaña electoral, a «conseguir que la valenciana fuera la primera comunidad en aplicar la ley». Una promesa que tildó de «falsa» con la que, puntualizó, Camps «se burla de los grandes dependientes y de sus familias».

Insistió en que «las excusas espúreas» sobre la falta de financiación que utiliza la Generalitat para justificar el boicot sistemático a la Ley de Dependencia han caducado». E incidió en que el convenio entre el Consell y el Colegio de Médicos de Valencia para formar evaluadores encargados de revisar 35.000 solicitudes «podría haberse firmado mucho antes», aseguró.