A. PRADO
L
a Plataforma en Defensa del Puerto no se mostró sorprendida ayer de la decisión tomada por la Autoridad Portuaria y tampoco dudó en calificar de «ilegalidad» la cesión de parcelas a las cementeras. «Es una huida hacia adelante de la Autoridad Portuaria, que demuestra que toma las decisiones sobre el puerto y le tiene sin cuidado lo que pase en la ciudad», apuntó ayer Manuel Pomar, presidente de esta entidad, que manifestó su rechazo al proyecto y reiteró que «es una ilegalidad y nos vamos a poner en marcha contra ello».
Esta organización, que denuncia que la Autoridad Portuaria ha tomado la decisión sin responder a las más de 2.000 alegaciones que presentaron en su contra, fundamentalmente por el impacto ambiental y paisajístico que supondrá para la zona y el posible efecto nocivo para la salud de los ciudadanos, remitirá ahora las mismas alegaciones al Ayuntamiento, la Generalitat Valenciana y la Subdelegación del Gobierno.
«El Ayuntamiento dijo que mientras no tuviera la solicitud de licencia no se iba a meter en eso, pues ahora se la pedirán y le mandaremos nuestras alegaciones para que las conozcan y actúen», indicó el responsable de la Plataforma en Defensa del Puerto, que prevé reunirse con el resto de asociaciones y entidades que les apoyan para analizar conjuntamente los siguientes pasos a tomar en las movilizaciones contra el proyecto.
Pomar cree que la Autoridad Portuaria actúa «a hechos consumados» y recuerda que la institución solicitó el informe de impacto ambiental para ampliar el puerto por la zona sur, «pero no sobre la utilidad que iba a desarrollarse en la zona, por lo que no hay ningún informe sobre la actividad», además de incidir en que «la ampliación realizada no estaba contemplada en la superficie inicial; no cuadran ni los muelles ni la superficie» y cuya actividad se ha multiplicado, «no es verdad que sea el mismo plan que el del año 92, como dice la Autoridad Portuaria, porque la legislación ha cambiado en materia ambiental y la actividad no es la misma».