Piden el archivo del caso Mercalicante para el alcalde, Galant y Juan Zaragoza

M. GALLEGO Q ue se cierre para ellos el proceso penal abierto hace un lustro por el mayor desfalco registrado en Alicante en una empresa mixta del capital público. Esto es lo que ha planteado el abogado de tres de los miembros de la comisión ejecutiva de Mercalicante cuando se detectó el agujero contable - el alcalde, el edil Juan Zaragoza y el también entonces concejal y hoy director general de la Ciudad de la Luz, José María Rodríguez Galant - a la magistrada Cristina Costa, encargada de la instrucción de este caso en el que como principal imputado figura el entonces gerente de la mercantil, José Emilio Clavero.
En un escrito fechado el pasado viernes, el letrado Joaquín Galant plantea a la juez que dicte el sobreseimiento libre parcial para sus clientes - también figuran como imputados en este proceso dos técnicos de Mercasa - por entender que ninguno de ellos puede ser considerado responsable de un delito de apropiación indebida y de otro societario, cargos que se le imputan tras la querella presentada por el PSOE que dio origen a este proceso penal que pretende esclarecer responsabilidades por la desaparición de seis millones de euros de las arcas de esta mercantil.
Apoya el abogado su petición en que ni Alperi ni Zaragoza ni Rodríguez Galant tenían cantidad alguna en custodia, por lo que, según él, difícilmente se les pueda acusar de haberse apropiado de algo.
Cabe recordar que parte de los argumentos de la acusación se basan en que la comisión ejecutiva de la que los tres formaban parte - y en la que Alperi y Zaragoza siguen estando, el primero en calidad de presidente - tiene como objeto fiscalizar las operaciones contables de la mercantil, un control que, a la vista del desfalco, cabría cuestionar.
Niega también el letrado el delito societario que también se les imputa por tratarse de un delito doloso, requisito que niega en la actuación de sus defendidos, «y que sólo puede ser perseguido mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal».
«Es obvio - recoge el texto - que los imputados no eran con carácter individual administradores de Mercalicante. Eran miembros de órganos colegiados (...); que toman las decisiones por mayoría. Pero no tienen facultades ni capacidad para disponer de bienes de ningún tipo de Mercalicante. Ni cuentas bancarias, ni valores ni dinero de caja. Todas las tenía el director gerente».
Tras precisar que «la imputación no ha de retrasarse más allá de lo estrictamente necesario», afirmación no baladí en un proceso próximo a cumplir el lustro sin superarse la fase instructora, el letrado pide que «se le reserve su derecho a perseguir al querellante (el PSOE); como calumniador» en el supuesto de que la juez accediera
El abogado considera a la magistrada competente aún cuando dada la condición de aforado del alcalde, tras resultar elegido diputado autonómico, el caso pasará casi con toda seguridad al Tribunal Superior de Justicia, órgano al que, de producirse el traslado, se presentaría esta petición de sobreseimiento.