EFE
El tribunal de la Sección Segunda entiende que el testimonio aportado en el juicio por el único testigo de cargo no facilita datos que corroboren "sin género de dudas" la realidad de las acusaciones, y en concreto de los malos tratos.
Las acusaciones particular y popular, representantes de la familia del fallecido y de la Asociación Española contra la Tortura, habían exigido para dos de los cuatro agentes penas de 14 años y medio de prisión por los delitos de torturas graves y leves, de lesiones y de homicidio por imprudencia.
Además, habían pedido doce meses de prisión para un tercer guardia civil por omisión del deber de socorro, y una multa de seis meses a 12 euros diarios para el cuarto agente por omisión del deber de socorro.
Los hechos enjuiciados se produjeron el 20 de septiembre de 1999 en el cuartel de la Guardia Civil de San Juan de Alicante (Alicante);, tras la detención del ahora fallecido, después de que éste se fugara horas antes en un primer arresto.
A lo largo del juicio, celebrado a finales del pasado mes de septiembre, tanto la defensa como el Ministerio Fiscal solicitaron la absolución para los cuatro guardias civiles.
Las acusaciones centraron sus pretensiones judiciales en la declaración del testigo de cargo, compañero de calabozo del ahora fallecido, quien aseguró en la vista oral haber visto cómo un agente golpeó a este último.
Sin embargo, la defensa y el fiscal subrayaron las "muchas contradicciones" en las que incurrió este testigo con respecto a sus declaraciones en los meses posteriores a los hechos.
El segundo pilar acusatorio objeto de la causa se centró en la supuesta relación entre el posible golpe y la rotura del bazo objeto de la muerte del detenido, quien padecía diversas enfermedades.
En este sentido, la sentencia recoge que la patología del bazo "no permite descartar que su fractura tenga un origen no traumático".
La sentencia, facilitada a EFE por el letrado de los agentes, José Palacín, ha sido acogida con satisfacción por éstos, "después de un calvario procesal de más de ocho años".
"Están contentos, pero anímicamente están deteriorados por ocho años de acusaciones injustas", ha manifestado el abogado, quien ha recordado que a uno de los guardias civiles le fue concedida la invalidez permanente absoluta a raíz de las secuelas psíquicas derivadas de las "falsas acusaciones" de homicidio.
Asimismo, ha anunciado que estudia la posibilidad de emprender acciones legales contra "quienes han ejercido la acusación particular" y la propia Administración de Justicia por "dilación indebida del proceso".
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