REDACCIÓN
Un total de 285 expertos y juristas asistirán al primer Congreso Nacional de Criminología y Derecho Penal, que se celebrará del 8 al 10 de noviembre en Alicante y que clausurará el presidente del tribunal del juicio por el 11-M, Javier Gómez Bermúdez.
Letrados, representantes de las Fuerzas de Seguridad del Estado y criminólogos abordarán cuestiones como el fenómeno de la inmigración, la lucha contra el crimen organizado, la delincuencia de menores, la violencia de género, o las intervenciones telefónicas y los registros domiciliarios.
Gómez Bermúdez, presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, intervendrá en el último día de las jornadas con una conferencia sobre la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado, en la que estará acompañado por el jefe de la Policía Judicial de Alicante, Carlos Cantó.
En la presentación del congreso, el presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, Vicente Magro, adelantó que Gómez Bermúdez también hablará de las «dificultades y complejidad» para organizar el juicio por los atentados del 11 de marzo y dará su opinión sobre el estado actual del terrorismo.
El Congreso está organizado por la Caja del Mediterráneo (CAM); en colaboración con la Generalitat y la Audiencia, y en él estarán especialmente representadas las comunidades de juristas de la Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla La Mancha. Los presidentes de estos Tribunales Superiores de Justicia inaugurarán las jornadas. Magro explicó que el objetivo es crear un foro entre estas tres comunidades en el que lanzar propuestas para combatir la inseguridad ciudadana.
Además de Gómez Bermúdez y los responsables judiciales valencianos, murcianos y manchegos, forman parte de la larga lista de ponentes el juez de menores número 1 de Granada, Emilio Calatayud, el profesor de Criminología de la Universidad de Toronto (Canadá); Irvin Waller y el catedrático de Derecho de la Universidad de Barcelona Joan J. Queralt. También está prevista la asistencia de los fiscales jefes de esas tres comunidades, de los presidentes de las Audiencias de Albacete, Alicante, Castellón, Murcia y Valencia, y cinco catedráticos en Derecho Penal.
Magro explicó que las conclusiones del debate serán remitidas a la Comisión Nacional de Policía Judicial, al Parlamento español y al resto de comunidades autónomas para mejorar las pautas de lucha contra el crimen. En este sentido, señaló que la seguridad ciudadana es una de las principales preocupaciones ciudadana y, en este sentido, apuntó que del total de 8 millones de asuntos que ingresan al año en los tribunales españoles, el 75% (6 millones); responden a denuncias por hechos delictivos.