La Fiscalía pedirá que se investigue el uso de menores rumanos por redes

J. A. M. L a Fiscalía de Alicante pedirá a la Policía que investigue a las personas que acuden a los centros de menores a hacerse cargo de los jóvenes rumanos que están internados allí por su presunta vinculación con algún delito, según se acordó ayer en la junta de fiscales de Alicante. El ministerio público pretende que se esclarezca el uso de estos menores por parte de redes dedicadas al crimen organizado. En ocasiones, algunas personas se presentan en el centro afirmando ser un familiar para hacerse cargo del joven.
El ministerio público ha detectado un aumento de hurtos violentos en la provincia relacionados con estos jóvenes. El que más alarma está creando es el de grupos que se sitúa en los cajeros automáticos acosando al usuario que se encuentra sacando dinero y en algún momento llegan a pulsar una tecla para extraer una elevada cantidad y llevársela a la carrera. Otro caso preocupante fue el de unos jóvenes que amenazaron a una madre con sllevarse a su bebé. Cuando ésta fue a proteger al pequeño, aprovecharon para quitarle el bolso. El ministerio público quiere que estos hechos se sigan calificando como robos con violencia, pese a la petición de algunos abogados de que los hechos sean una falta de hurto.
Por otro lado, los fiscales han acordado seguir expulsando a los rumanos y búlgaros que tengan una condena de expulsión del territorio nacional de antes de enero de 2007 (fecha en la que ambos países entraron en la Unión Europea); y que sean detenidos de nuevo en territorio nacional. También se ha acordado el no acusar por delitos de violencia doméstica las agresiones entre parientes que no convivan juntos.
Por último, se constituyeron las nuevas secciones de siniestralidad laboral, medio ambiente, tráfico y extranjería, al tiempo que se ampliaron los fiscales dedicados a combatir la violencia doméstica. La principal novedad de estas redes es que los principales destacamentos de la Fiscalía en la provincia van a tener un delegado para estas materias. Una de las más reforzadas es el apartado de siniestralidad laboral, coordinado por Juan Carlos López Coig, que en la ciudad de Alicante tendrá cuatro fiscales, así como otros en Benidorm, Dénia, Elche, Torrevieja y Orihuela.