La falta de actividad amenaza la liquidez de muchas constructoras de la provincia

F. J. BENITO L a falta de actividad en el sector alicantino de la construcción y, sobre todo, en todo lo relativo a las operaciones de compraventa de suelo, ha comenzado a amenazar la liquidez de muchas empresas de la provincia que ven como todo el patrimonio acumulado en los últimos años apenas tiene salida, lo que impide contar con ingresos de dinero en efectivo. La crisis de la inmobiliaria valenciana Llanera no ha afectado a las grandes constructoras - la mercantil de la familia Gallego no tenía relaciones con los grupos importantes al contar con su propia constructora - pero sí a pequeñas y medianas y pequeña empresas, que se encuentran ahora con pagarés de entre 30.000 y 200.000 euros que no podrán cobrar, según apuntaron ayer a este periódico fuentes del sector.
«El problema es que en los últimos meses las empresas apenas tienen ingresos. Se venden menos viviendas, no hay transacciones de suelo y, por lo tanto, no entra dinero en caja», subrayó ayer un constructor de la provincia afectado por la recesión pero al que le salvará la diversificación de su actividad. A la parálisis que sufre el sector se une otra realidad nada esperanzadora y es que bancos y cajas no están dispuestos a refinanciar créditos - algo que ha terminado por hundir a Llanera - , «aunque en general las empresas alicantinas no tienen tanta deuda como la valenciana», aseveraron fuentes de la patronal. ¿Hasta cuando El momento es muy delicado y si no hay reactivación la cosa se complicará aún más «porque desgraciadamente no nos podemos comer el suelo que compramos y que hoy por hoy no tiene salida».
Culpables Por otro lado, muchos urbanizadores comienzan a mirar hacia la Generalitat y en concreto al ex conseller de Urbanismo, Esteban González Pons, a quien culpan en parte de esta situación por la moratoria encubierta sobre la tramitación de suelo que puso en marcha, en junio de 2006, para capear el temporal que llegaba de Bruselas en forma de denuncias urbanísticas. La Generalitat había paralizado en febrero de ese año un total de 101 Programas de Actuación Integrada (PAI); que se habían remitido a la Conselleria de Territorio con el objetivo de esquivar la Ley Urbanística Valenciana -LUV-. El entonces conseller de Urbanismo, Rafael Blasco, exigió se adaptaran a sus respectivos planes generales de ordenación urbana (PGOU);. Los consistorios debían presentar el denominado concierto previo -documento anterior al plan general donde se detalla qué quiere hacer el Ayuntamiento- y que sí está obligado a cumplir las directrices de la LUV.
La decisión de la Conselleria de Territorio afectó en la provincia a unos 30 Programas de Actuación Integrada aprobados en 2005 y que preveían la reclasificación de 26,8 millones de metros cuadrados de suelo rústico a edificable para construir un total de 40.510 viviendas. Cuatro millones y medio de metros cuadrados se destinaban a la construcción de campos de golf. En concreto, en Elda, Albatera, Pego, Novelda, Alcoy, Dolores y Orihuela, algunos rodeados de polémica. En el conjunto de la Comunidad Valenciana, se debían adaptar un total de 101 PAI, para reclasificar 67,2 millones de metros cuadrados -11,8 millones para golf- y la construcción de 114.150 viviendas; treinta y cuatro mil quinientas en Castellón y treinta y nueve mil en Valencia. La condena del Parlamento Europeo a la legislación urbanística de la Comunidad provocó el relevo de Blasco en Urbanismo y el acceso a la Conselleria de González Pons que paró prácticamente todas las tramitaciones hasta las elecciones. Muchos constructores y empresarios ven en esta política una de las causas que ha contribuido a agravar la paralización que sufre el sector.