F. J. B.
L
os ayuntamientos de la provincia continúan sin aplicar, cuatro años después de la entrada en vigor del Plan de Acción Territorial contra las Inundaciones (Patricova);, la legislación que obliga a que todos los municipios cuenten con estudios concretos de inundabilidad en su trama urbana y apliquen las recomendaciones en sus respectivos Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU);, según recogen los artículos 16 y 17 del plan. El plan dejó, no obstante, abierta una puerta al incumplimiento al establecer una disposición transitoria que vinculaba su aplicación a la revisión de los PGOU. Los ayuntamientos paralizaron esta tramitación y sólo realizan estudios para planes urbanísticos concretos.
Una exigencia incumplida que provoca que, al margen del mayor o menor riesgo de las localidades por su situación geográfica, muchos ayuntamientos desconozcan los puntos inundables en sus cascos urbanos. Al margen de la indolencia general se encuentra el Ayuntamiento de Elche que sí cuenta con estudios propios de inundabilidad, anteriores al Patricova, pero que todavía no se han testado, aunque existen denuncias ciudadanas alertando de que se están obstruyendo barrancos y construyendo en zonas inundables.
En el caso de Alicante, la falta de previsión se agrava en los casos de la Avenida de Míriam Blasco y la calle Pérez Gil -junto al campo de golf de la Playa de San Juan- que se construyeron cuando ni siquiera había normativa aplicable sobre el tema y que se presentan como las zonas más vulnerables de la ciudad porque, además, los colectores de pluviales son insuficientes como volvió a demostrarse con la tromba de la noche del viernes. Sesenta litros por metro cuadrado en una hora que anegaron Míriam Blasco -avenida trazada sobre una vaguada- y la zona del campo de golf, que se encuentra al mismo nivel que el mar. Jorge Olcina, catedrático de Geografía Regional, apeló ayer a buscar la soluciones técnicas oportunas que pasan por «realizar un estudio profundo de la inundabilidad de ambos puntos. No soy técnico pero lo que está claro es que los colectores son insuficientes y en el golf hacen falta también bombas de agua para llevar los caudales hacia el mar. El Plan Antirriadas ha funcionado pero hay que recordar que no se actuó sobre la trama urbana». Olcina recordó que en el plan aprobado tras la «gota fría» de septiembre de 1997 se incluyó la construcción de dos grandes colectores subterráneos en la Avenida Óscar Esplá y la Rambla y han funcionado.
Las medidas legislativas existen e incluso se han reforzado pues el pasado 28 de mayo el Gobierno central aprobó la Ley del Suelo que en su artículo 15 -Evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano- establece textualmente que «el informe de sostenibilidad ambiental de los instrumentos de ordenación de actuaciones de urbanización deberá incluir un mapa de riesgos naturales del ámbito objeto de ordenación» o, lo que es lo mismo, que los Planes Generales de Ordenación Urbana reflejen los puntos susceptibles de sufrir una avenida, algo que obligará a actualizar la polémica LUV a la norma estatal.
Un informe del Instituto de Geografía de la UA detectó en 2005, por otro lado, que el 90% de las calles de los municipios carece de un diseño que favorezca la evacuación de las aguas en caso de una riada, ya que su trazado es convexo -el agua discurre hacia los extremos de la calle-, lo que termina favoreciendo las inundaciones en bajos comerciales, sótanos y garajes.