Los fiscales empiezan a acusar por atentado a funcionario las agresiones a profesores

J. A. M., Los fiscales de la provincia ya han comenzado a presentar acusaciones de atentado a funcionario público las agresiones sufridas por maestros, según confirmaron fuentes de la Fiscalía de Alicante. La junta de fiscales adoptó este compromiso el año pasado como una medida para tratar de paliar los cada vez más elevados casos de violencia en las aulas.
El fiscal jefe de Alicante, José Antonio Romero, ha dado el visto bueno a una acusación por atentado a funcionario público, en el que una madre abofeteó a la profesora de un colegio de Aspe. Por estos hechos, la Fiscalía reclama un año de prisión para la mujer, de iniciales M. A. G.
Los hechos ocurrieron el pasado 20 de abril de este año en el Colegio Perpetuo Socorro de Aspe. La madre fue al centro escolar a buscar a la profesora para recriminarle un informe que había presentado contra él en el Hospital de Elda. La mujer abofeteó a la profesora dos veces tras mantener una discusión con ella y advertirle que no se repitieran estos hechos.
El fiscal jefe de Alicante señaló que es uno de los primeros casos que ha entrado en el ministerio público desde que a finales del año pasado la junta de fiscales de Alicante llegó a este acuerdo. La Fiscalía de Alicante instaba a los fiscales a que dejaran de calificar como faltas estos ataques para aplicar el delito de atentado a funcionario público, un acuerdo que se tomaba también para el caso de los médicos. Hasta ahora, estas agresiones se consideraban una falta, y por tanto se castigaban con multas. Esta cambio de criterio supone pedir penas que van de uno a tres años de cárcel para los agresores.
La instrucción partió de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y fue asumida como propia por la de Alicante, hasta que en la Comunidad Valenciana el fiscal jefe del TSJ, Ricard Cabedo, dictó otra similar. En ella se recuerda que la Constitución protege expresamente el derecho a la educación y a la salud. Las agresiones a los docentes y a los profesionales médicos significan, además del menoscabo de su integridad física y moral, la perturbación de la función pública que ejercen, perjudicando el derecho que tienen el resto de ciudadanos a la educación y a la sanidad.