Condenan a siete años de inhabilitación al jefe superior de Policía por prevaricación

EFE/REDACCIÓN La Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta condenó ayer al actual jefe superior del Cuerpo Nacional de Policía en la Comunidad Valenciana, Alejandro Valle, a siete años de inhabilitación para cargo público y a la pérdida definitiva del empleo que ostenta por un delito de prevaricación. En la misma sentencia aparece como principal implicado el ex delegado del Gobierno en Ceuta Luis Vicente Moro, quien ha sido condenado a dos años y dos meses de prisión por filtrar documentos contra el magistrado titular de la Audiencia, Fernando Tesón, que lo relacionaban con narcotraficantes.
Según la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, el ex delegado del Gobierno ha sido condenado por un delito de prevaricación y deberá abonar 120.000 euros en concepto de indemnización por daños morales al magistrado Fernando Tesón.
La resolución judicial también condena a Luis Vicente Moro, quien ocupaba el cargo de representante de la Administración General del Estado en la Ciudad Autónoma entre 1998 y 2004, a la inhabilitación de doce años para cargo público y sufragio pasivo. Otro condenado es el jefe de Prensa de la Delegación del Gobierno en Ceuta, Roberto Franca, sobre quien cae una condena de un año de prisión y tres de inhabilitación con pérdida definitiva de empleo o cargo público.
La sentencia, emitida en primera instancia, será recurrida en el Tribunal Supremo, según dijeron a Efe fuentes cercanas a los condenados.
El juicio, que se celebró entre julio y septiembre, se inició a raíz de una denuncia presentada por el propio Fernando Tesón tras un reportaje titulado «Denuncias por el fácil acceso de los narcos al presidente de la Audiencia Provincial», que fue publicado por el diario El País en 2002. La publicación aludía a la filtración de un informe policial sobre la presunta relación con algunos narcotraficantes de Tesón. En el juicio estaban imputados el ex delegado del Gobierno, los mandos policiales Alejandro Valle y Mariano Arévalo y el jefe de prensa de la Delegación del Gobierno, los cuales negaron cualquier participación en los hechos ni la emisión de ningún informe al respecto.