E l grupo socialista de las Cortes Valencianas denunció ayer que el Gobierno de la Generalitat invierte un 18,5 por ciento menos en gasto social que «las comunidades de primera división» e «impide» que los valencianos reciban 40 millones de euros en 2007 «con su boicot a la Ley de Dependencia». Así lo manifestó el portavoz adjunto del PSPV-PSOE durante la presentación de algunas de las iniciativas que los socialistas presentarán el próximo curso político, tras la reunión del pleno del grupo. Por su parte, el PP rechazó las críticas de Luna y aseguró que los Presupuestos de la Generalitat para este año destinan a gasto social nueve de cada 10 euros.

El portavoz socialista aseguró que las políticas sociales van a ser «el eje de actuación» del PSPV en el próximo periodo de sesiones, pues, según dijo, esta autonomía realiza un gasto social por habitante un 18,5 por ciento menor que «las comunidades de primera división». En esa línea, el PSPV «pedirá explicaciones» al Consell sobre la aplicación de la Ley de Dependencia en Alicante, Valencia y Castellón, que, asegura, «se está boicoteando desde la Comunidad Valenciana, no sabemos si por incapacidad o si han recibido la consigna de Rajoy de evitar que los ciudadanos puedan percibir que la labor del Gobierno de España les resuelve problemas cotidianos», afirmó.

Luna recordó que esta norma prevé una financiación «autónoma» aportada por el Estado, que «facilitó 20 millones de euros para que se fuera preparando su entrada en vigor, y no se ha hecho», lamentó. Además, afirmó que en la Comunidad «no hay evaluadores» y precisó que a lo largo de este año deberían haberse valorado unas 20.000 personas con un grado 3 de dependencia, «con obligación de evaluación inmediata según la ley». Sin embargo, sostiene que la Generalitat únicamente está valorando a las personas internadas en centros, aunque la ley afecta a entre 125.000 y 130.000 valencianos, que exigirían de 140 a 150 evaluadores, aunque, remarcó, «sólo hay 35».

Por ello, el portavoz socialista opina que el Consell «está paralizando la aplicación de la ley e impidiendo que los ciudadanos de la Comunidad reciban 40 millones de euros en 2007». También apuntó que entre 2007 y 2015, la Comunidad debe recibir del Estado 1.300 millones de euros, «pero si seguimos con esta tónica no los vamos a recibir», advirtió. En cuanto a los ciudadanos de la Comunidad pendientes de obtener un certificado de minusvalía, lamentó que aunque «hay una lista de espera de más de un año para conseguir la evaluación, se acaba de despedir a 37 evaluadores».

Mientras tanto, el portavoz adjunto del PP, Antonio Clemente, subrayó que «la voluntad política» de los partidos y la de los Gobiernos «se reflejan en los Presupuestos», y así la política social del Gobierno de Francisco Camps «se ve claramente reflejada en los Presupuestos de este ejercicio», que destinan a políticas sociales 9 de cada 10 euros. En su opinión, estas cifras son «la realidad de un Gobierno que se preocupa por las necesidades de los valencianos», e incidió en que el PSOE aprobó con los votos del PP la Ley de Dependencia, con la que se pretende mejorar la calidad de vida de las personas dependientes, pero no le destina financiación. «El Gobierno de Zapatero hace leyes y toma iniciativas, pero son los Gobiernos autonómicos los que asumen los riesgos y los gastos», criticó Clemente, quien añadió que el grupo popular «echa de menos que el PSPV intente ponerse de parte de los valencianos».

Los socialistas también presentarán una proposición no de ley «para que expliquen cómo se va a aplicar» la Ley Orgánica de Educación, y «una interpelación para saber por qué en la Comunitat no se va a aplicar la asignatura de Educación para la Ciudadanía en este curso».