RAMÓN FERRANDO
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a Fiscalía de Alicante va a exigir a los pirómanos que paguen por los daños que los incendios forestales que han provocado causen en los acuíferos. Los fiscales, según una instrucción interna a la que ha tenido acceso este periódico, tendrán en cuenta el impacto de los incendios en las variaciones en la calidad del agua. Los representantes del Ministerio Público analizarán el tipo de acuífero donde se ha producido el incendio, su posición dentro de la cuenca hidrográfica, los usos del agua subterránea y el área afectada. Los pirómanos condenados también tendrán que hacer frente a los costes de extinción de los incendios que hayan provocado.
La instrucción de la Fiscalía recuerda a los fiscales que los incendios pueden producir variaciones en la calidad de ríos y arroyos, dado que con el aumento de los sedimentos el agua se acidifica y se degrada químicamente. El documento incide en el impacto que el fuego tiene en el subsuelo y sobre los acuíferos y las aguas subterráneas.
La Fiscalía General del Estado ha proporcionado a los fiscales de la provincia
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tras consultar al Instituto Geológico Minero de España
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una fórmula matemática «estimativa para determinar de una manera sencilla y rigurosa el posible grado de afectación de un acuífero y del agua subterránea que alberga como consecuencia de un incendio». La instrucción precisa que los incendios forestales tienden a reducir a la mitad la cantidad de agua que se infiltra en el suelo, debido al incremento de la escorrentía de la superficie
Agua del Júcar
Los fiscales de la provincia van a estimar el coste del metro cúbico para reclamárselo a los acusados según la valoración que las confederaciones hidrográficas han fijado del precio del agua captada ilegalmente. En el caso del agua de la cuenca del Júcar el valor es de diez céntimos por metro cúbico. La instrucción de la Fiscalía pone como ejemplo para calcular el valor económico del impacto de las aguas subterráneas el caso de que el incendio se produjera en la cuenca del Júcar. Según el baremo, en un incendio que hubiera acabado con 60.000 metros cúbicos de agua de la cuenca del Júcar el pirómano debería pagar 6.000 euros.
Los fiscales también van a exigir a los pirómanos los gastos de la extinción del fuego. La Fiscalía va a incluir en la valoración de los gastos el coste que supone el uso de los vehículos y medios instrumentales y humanos para apagar el fuego, y el precio del agua utilizada para la extinción. La instrucción puntualiza que «este último gasto tiene un valor económico evaluable, que está constituido no sólo por el precio del agua utilizada sino también por la valoración de las carencias que en ocasiones se produce en el lugar del que se extrae, tal como ya ocurrió en agosto de 2006 en Galicia. En esa comunidad autónoma la capacidad de algunos embalses disminuyó hasta un cincuenta por cien y hubo localidades, entre ellas Vigo, en las que se vio amenazado el normal suministro de agua».