El auditor público advierte de que el Ayuntamiento de Torrevieja habría beneficiado a dueños de terreno

P. R. F. La Sindicatura de Comptes, además, realiza un informe específico sobre la situación del suelo propiedad del Ayuntamiento de Torrevieja, uno de los consistorios situados en el ojo del huracán de la polémica urbanística. El auditor público, en su memoria sobre la gestión del patrimonio del suelo en las entidades locales, de hecho, advierte de la posibilidad de que las operaciones urbanísticas del consistorio salinero, que dirige el popular Pedro Hernández Mateo, hayan acabado beneficiando a propietarios del termino municipal.
La auditoría de la Sindicatura apunta que, a pesar de que está previsto en el Plan General de Ordenación Urbana, el consistorio no ha aplicado «las áreas de reparto ni los aprovechamientos tipo, sin que exista un acuerdo o resolución que ampare esta inaplicación», señala el informe que, como única respuesta, ha recibido un informe para justificar estas prácticas contrarias al planeamiento de la ciudad. En esta situación, insiste la argumentación de la Sindicatura de Comptes, «el ayuntamiento ha dejado de percibir en suelo urbano las cesiones de terrenos o los abonos en metálico que, de acuerdo con el plan general, debían realizar los propietarios de terrenos para poder adquirir los excedentes de aprovechamiento, que tendrían que constituir» el patrimonio municipal del suelo.
Es decir, apunta el informe de la Sindicatura a modo de conclusión, «los propietarios que de acuerdo con el plan general cuenten con un excedente de aprovechamiento, resultará n en todo caso beneficiados, pues podra n adquirir dicho excedente sin necesidad de realizar las correspondientes cesiones o abonos a favor del Ayuntamiento». Junto a esta vulneración del planeamiento general de la localidad, la Sindicatura denuncia «el uso frecuente de las reparcelaciones para que el Ayuntamiento adquiriera bienes externos al sector» o la falta de motivación de las permutas de suelo. En este caso, cita el caso concreto de «un terreno de 3.862 metros cuadrados, permutado al ayuntamiento y destinado a dotación pública» que, dice la Sindicatura, «podía haberse obtenido gratuitamente de haberse aplicado las áreas de reparto y el aprovechamiento tipo previsto en el plan general para suelo urbano». Igualmente, auditor también cuestiona el convenio urbanístico y la posterior permuta de la plaza de toros.