G reenpeace denunció ayer que los planes urbanísticos del litoral de la Comunidad Valenciana prevén la construcción de cerca de 500.000 viviendas en esta autonomía, lo que, a su juicio, constata el «inmovilismo» de las administraciones de cara a frenar la destrucción de la costa. Estos datos se desprenden del informe «Destrucción a toda costa» que la organización ecologista presentó ayer en Madrid y en Barcelona y en el que muestra la evolución del litoral español desde el año 2001.

El estudio alerta de que el «desaforado urbanismo» ocupa cada día, una superficie equivalente a tres campos de fútbol en el litoral español, a la vez que asegura que los «ayuntamientos costeros» planean construir tres millones de viviendas nuevas en España.

En concreto, en la Comunidad actualmente hay proyectadas 466.685 nuevas viviendas, 16 nuevos campos de golf, 5 planes de construcción o ampliación de puertos deportivos para albergar 2.514 amarres y hay 800 causas judiciales por delitos relacionados con el urbanismo acumuladas en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, así como 33.175 viviendas ilegales detectadas, según Greenpeace.

A su juicio, el principal problema de esta autonomía es el urbanismo, y pone como ejemplo el hecho de que, en 2004, cada kilómetro cuadrado de la Comunidad recibió una media de 288 toneladas de cemento, «una cantidad cinco veces superior a la media europea». Entre los años 2000 y 2006, el asfalto y el cemento ocuparon una superficie de entre 16.500 y 25.000 hectáreas.

Según señala el documento, la Comunidad, sólo superada por las comunidades de Andalucía y Canarias, se sitúa al frente del «desarrollo insostenible» del territorio, como recoge el último informe de la sostenibilidad de España, donde se señala que la causa de este liderazgo es «el mal uso que viene realizando de su litoral».

Desde la organización ecologista explicaron que los proyectos de urbanización en la Comunidad «se cuentan por miles» y que hay localidades en las que su previsión urbanística hará aumentar su población «de forma exponencial», como el caso de Torreblanca (Castellón);, en la que se prevé la construcción de 46.000 viviendas, lo que aumentaría su población actual - 5.650 habitantes - en un 2.320%, o Guardamar del Segura, en Alicante, en la que las 38.680 viviendas previstas elevarían la población en un 826 %.

Aseguraron que el Parlamento europeo supervisa «muy de cerca» el urbanismo en esta Comunidad y que el último informe de esta institución denuncia la consolidación de un «modelo de urbanismo depredador de los intereses particulares de propietarios, del territorio y del medio ambiente».

Greenpeace también recoge un informe del Consejo Económico u Social (CES);, que revela la conversión del 25% del suelo agrícola en paisaje de cemento y ladrillos, en el que destaca el caso de Torrevieja, donde dicha reducción es de un 1.600% en los últimos 20 años.

De 542 localidades de la Comunidad, 123 aspiran a recalificar como suelo urbanizable 194 millones de metros cuadrados de suelo rústico, de los que 59,3 millones se encuentran en la provincia de Alicante, 67,2 millones en Valencia y 68 en Castellón. A su vez, señala que «ni uno solo de los 25 PAI de la provincia de Alicante aprobados por el Consell en los años 2005 y 2006 incluyeron el preceptivo informe de la confederación hidrográfica competente asegurando la disponibilidad de agua para la futura población, a pesar de que así lo exige la Ley de Aguas».

Entre los 18 puntos negros de la provincia, el informe destaca las 15.000 viviendas del Plan Rabasa, la recalificación del suelo de Terra Mítica para 2.000 apartahoteles, un hotel de 24 plantas en Calpe a 6 metros del mar, la construcción de 2.500 viviendas en Dénia edificadas sin red de alcantarillado o la construcción de 1.744 viviendas y un nuevo puerto deportivo en el único tramo de costa virgen de Orihuela. La única buena noticia, según la asociación, ha sido la paralización del puerto de Campomanes en Altea.

Greenpeace concluye en su estudio que la situación del litoral de la Comunidad es «cada vez peor» y que, por ello, es preciso «poner en marcha medidas puntuales para limitar el crecimiento desmedido de la urbanización», como el control de construcción de segundas residencias, campos de golf y puertos.