El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, salió ayer al paso de la polémica abierta por la nueva ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, sobre los trasvases -la titular de la política hídrica los considera algo extraordinario-, asegurando que el Tajo-Segura es incuestionable. El jefe del Consell reaccionó tajante tratando de tranquilizar al sector agrícola de la provincia, encendido tras conocer la particular visión que tiene la ministra sobre los trasvases de agua, infraestructuras estratégicas para la economía y el día a día de la provincia de Alicante.

Por su parte, la consellera de Agricultura, Elena Cebrián recordó que el Tajo-Segura está en estos momentos regulado por un «memorándum» con rango de ley que debe respetarse. Documento que, según afirmó Cebrián, puede estar sujeto a una revisión, pero no solo en lo que ser refiere al trasvase de agua del Tajo al Segura, sino también en otros aspectos como la planificación de la propia cuenca del Tajo, la depuración de agua en el área metropolitana de Madrid -la capital de España recibe agua tras la interconexión de siete cuencas- o la existencia de pozos ilegales para usos agrícolas en las cuencas del Tajo, Júcar y Segura. Cebrián salía también al paso ante la alarma social que ha generado en el sector agrícola las declaraciones de la ministra Ribera, al calificar los trasvases como algo extraordinario, y negando que en España haya cuencas deficitarias, algo que contraviene la propia Ley de Aguas de 1985 (aprobada por un Gobierno del PSOE), que declaró deficitarias las cuencas del Júcar y Segura, o lo que es lo mismo las que afectan directamente la provincia de Alicante, la gran olvidada de todos los gobiernos en materia hídrica.

La consellera Cebrián recuerda que el «memorándum» del Tajo es «un marco que da seguridad jurídica y garantías de abastecimiento a usuarios y regantes, tanto de la cuenca cedente como de la cesionaria. Si este marco se revisa, en todo caso debería hacerse junto a la revisión de otros aspectos clave de planificación hídrica que afectan directamente al trasvase». Respecto al Tajo-Segura subraya que «actualmente el régimen depende de un marco jurídico-técnico con rango de ley, que debe seguir aplicándose mientras esté en vigor. Entre otras cuestiones, en él se establece el régimen de excepcionalidad, en función de las reservas de la cabecera».

El planteamiento hecho público por la ministra Ribera ha encendido a los agricultores que no acaban de creerse sus palabras. Javier Berenguer, presidente de Riegos de Levante, subrayó ayer que «la ministra debe matizar sus palabras porque, o no sabe de qué va la planificación hídrica o le han informado mal. Claro que en España hay cuencas deficitarias y así lo establecen los planes de cuenca, y en cuanto al trasvase Tajo-Segura es irrenunciable. Lo que es complementario es el agua desalada pero el trasvase no se puede tocar», aseveró el presidente de la comunidad de regantes más antigua de Europa con 20.000 agricultores.

Por su parte, Ángel Urbina, regante del Tajo-Segura, y portavoz de la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó, señaló que «lo primero que tiene que resolver la ministra Ribera es el riego de socorro del Júcar al Vinalopó que se canceló hace un mes y tiene contra las cuerdas a muchos agricultores que dependen de esos 6 hm³». En cuanto al Tajo-Segura, «la Ley de Aguas de 1985 dejó claro que en España hay cuencas deficitarias y son las del Júcar y el Segura. ¿Desconocimientos? ¿Lapsus? Todo se arreglaría si hubiera un Plan Hidrológico Nacional serio. En España todos los regadíos son artificiales y desde Carlos III el reto es recoger, almacenar y transportar el agua. Que le quede claro a la ministra Ribera».