Alicante es la tercera provincia con más detenidos por tener, producir o compartir pornografía infantil en España. Entre 2016 y 2017 hubo 51 arrestos, mientras que en lo que llevamos de año ya son 11 el número de personas que han cometido estos hechos. El Grupo de Delitos Tecnológicos de la Comisaría Provincial de Alicante rastrea día a día la Red para dar con los usuarios que se refugian en ella, patrullando por los rincones más oscuros como la Dark Web, donde cuentan que «está lo peor». Visionar el contenido incautado no es un trabajo para cualquiera.

Es el grueso de las investigaciones del Grupo de Delitos Tecnológicos: la corrupción de menores. Y las inician a raíz del conocimiento de los casos por cinco vías. Una de ellas es la denuncia de los ciudadanos en comisaría, otra un portal de denuncias anónimas y una tercera nace en los provedores de servicios, como Facebook o Twitter, que detectan el contenido y lo comunican. La cuarta y la quinta son el «ciberpatrullaje» y las operaciones que desencadenan otras.

El «ciberpatrullaje» es en Internet lo que el coche patrulla en el barrio. Un agente se adentra y va revisando el contenido público, lo que todo el mundo puede ver. Luego, en una red de intercambio de material, se comparan los archivos de una base de datos policial que alberga millones de imágenes y vídeos con pornografía infantil, un repositorio que ha ido alimentándose por policías de todo el mundo. Si coincide la información del archivo, el Grupo tiene otro caso entre manos.

Esto pasa la parte de Internet que utilizamos la mayoría de usuarios, pero parte de los 25 detenidos el año pasado compartían sus documentos en la Dark Web, un espacio oculto en los motores de búsqueda y al que solo se puede acceder a través de un navegador web especial. «La Dark Web es la parte oscura de la Red, donde está lo peor. Se venden fotografías, se producen... Se muestran las imágenes más duras», explica Santiago Calderón, jefe del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Comisaria Provincial de Alicante.

La investigación en este espacio no resulta sencilla pues hay foros ocultos, en los que la gente interviene de forma anónima, que exigen la participación como requisito de entrada. Además, ya no solo se puede encontrar a usuarios compartiendo contenido, sino que se hace de la pornografía infantil un «trabajo» pagado por adelantado. «Nos hemos encontrado casos de crowdfunding que pedían reunir una determinada cantidad de dinero a cambio de viajar al sudeste asiático, grabar con menores y luego compartir el material», cuenta Calderón.

Tanto las investigaciones que se inician por esta vía como por las otras cuatro acaban en muchos casos en una intervención en el domicilio, pero no sin antes investigar la conexión web del sospechoso y sus perfiles públicos. «Se ve quiénes viven en el domicilio desde donde se ha hecho la conexión a Internet y quién puede ser la persona que buscamos». Un perfil, cuenta Calderón, que no suele incluir a personas muy mayores ni mujeres. Luego, se pide el registro en la vivienda.

En un registro común se intervienen todos los dispositivos electrónicos, que posteriormente se analizan minuciosamente en busca de material junto al Grupo de Informática Forense. Pero este esquema de detención, incautación de material y posterior comprobación del contenido, se rompe a veces por sorpresa.

Los agentes de la Policía Nacional estaban vigilando a un varón del que se tenía sospechas de que estaba cometiendo un delito relacionado con la pornografía infantil. Esperaban en la puerta de su casa cuando se percataron de la salida de menores del domicilio. «Intervenimos de inmediato», cuenta el jefe del grupo. Se continuó la investigación y se descubrió que no solo poseía material, sino que lo producía en su chalet, donde abusaba de los menores.

Casos como éste traen consigo un camino de nuevas investigaciones. En el teléfono móvil se encuentran grupos de Whatsapp donde se comparte el contenido, y en un grupo, claro, hay más de una persona. «Normalmente con un teléfono móvil caen muchos.Te pueden salir 15 o 20», explica Calderón.

Para hacer posibles las 27 detenciones por estos casos en 2017 o las 11 en lo que va de 2018, un grupo formado por cinco policías tiene que visionar el contenido pornográfico infantil en busca de posibles pruebas que determinen si al margen de la tenencia se ha dado la producción del material. Así día tras día. «Si alguien no soporta visionar este tipo de imágenes no puede estar en el grupo. Es normal que haya gente que no pueda, pero estar sin poder es imposible», dice Calderón al tiempo que certifica la dureza del trabajo con el ejemplo de compañeros que han tenido que abandonar.