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También la despoblación rural

La despoblación provoca la desaparición de un 30% de las tierras de cultivo

Diecisiete organizaciones se manifiestan hoy en València para exigir medidas que mantengan una actividad que supone el 14% del PIB

El abandono provoca la desaparición de un 30% de las tierras de cultivo

Diecisiete organizaciones vinculadas al mundo rural en la Comunidad Valenciana -entre ellas las alicantinas Unió y Federación Alicantina de Caza- se manifiestan hoy en Valencia para denunciar la situación por la que atraviesa el mundo rural, sin ayudas y amenazado de desaparición pese a generar al año 14.623 millones de euros, el 14% del PIB de la Comunidad. Los organizadores prevén la participación de 50.000 personas. Muchas llegarán desde municipios de la provincia.

La falta de ayudas ha provocado que en los últimos 30 años haya desaparecido un 30% de la superficie cultivada y 96.600 empleos. A esto se une que la fuerte presión que sufre, por otro lado, el campo por la sobrepoblación de fauna silvestre debido a las restricciones a las licencias de caza, lo que provocó 26 millones de euros el año pasado, según un informe hecho público por las entidades convocantes.

Un dato revelador es el aportado por la Federación de Caza, presidida por el alicantino Vicente Seguí: En el año 2000 la población de jabalíes era de 10.329 ejemplares por 81.892 licencias de caza. En 2016, último año censado, la población alcanzaba los 26.279 jabalíes (150% más), por 42.734 licencias de caza, un 48%, según un informe de la Conselleria de Agricultura.

En la concentración en València también van a participar los organizadores del popular festejo de Bous al Carrer. La popular actividad, sistemáticamente criminalizada, según los organizadores de la manifestación, se ha consolidado como un sector económico que genera un impacto de 184 millones de euros al año.

El mundo rural lleva demasiados años sufriendo una importante crisis social y económica. Los precios en origen se mantienen en niveles de hace 30 años, mientras que los costes de producción no paran de crecer.

A pesar de que el empleo agrario ha experimentado un severo descenso del 62,7% (casi 100.000 empleos) en las últimas tres décadas, hay que subrayar que las actividades que actualmente realizan los sectores convocantes de la protesta (agricultores, ganaderos, cazadores, pescadores, silvicultores) junto a sus industrias afines, es decir, el sector agroalimentario en su conjunto, generan un empleo directo superior a 171.000 personas, o lo que es lo mismo, el 9% del empleo de la Comunidad Valenciana.

En términos de volumen de negocio, esos mismos sectores primarios, junto a la industria agroalimentaria de la que son impulsores, generan 14.623 millones de euros, el 14% del PIB de la Comunidad Valenciana. A pesar de esa importante contribución al conjunto de la economía de la Comunidad Valenciana, las ayudas europeas que llegan a la Comunidad (170 millones de euros) y las inversiones de la Conselleria de Agricultura en el sector, unos 352 millones de euros, suman una cifra de 522 millones de euros, lo que únicamente supone el 3,5% de lo que el mundo rural aporta al PIB.

El abandono de las tierras agrícolas, el aumento de la masa forestal y la disminución del número de cazadores por las duras restricciones y limitaciones que tienen que afrontar, así como la falta de fomento y apoyo a la hora de ejercer su actividad, son los principales culpables del incremento de la fauna salvaje.

El 36% de la superficie total de las tierras de la Comunidad Valenciana está en peligro por daños de la fauna salvaje. Los cultivos y los pastos ayudan a mantener en mejores condiciones la superficie forestal y, por tanto, el mundo rural contribuye, de manera directa, a tener el entorno más limpio y verde. El campo y el monte generan múltiples productos y servicios, además de ser la principal fuente de alimentación de origen vegetal y animal.

Actividades como la de los «bous al carrer» o la pesca deportiva generan un impacto económico directo superior a los 200 millones de euros anuales y dan empleo a más de 2.000 personas.

Actividades deportivas

El ciclismo de montaña constituye, por otro lado, una fuente de ingresos importante que redunda en las economías locales de montaña, y propicia la cooperación público-privada, ayudando a mantener la población y rescatando del olvido senderos y vías tradicionales entre pueblos, sierras y valles, además de favorecer el acercamiento de la población al medio rural mediante la práctica de usos saludables.

Las actividades que lleva a cabo el mundo rural son clave para gestionar de forma activa los ecosistemas forestales para adaptarlos al cambio climático, con el fin de lograr bosques más resistentes a los incendios, pero también a las plagas y las situaciones climatológicas extremas.

El informe elaborado por los organizadores apunta que el mundo rural -agricultores, ganaderos, cooperativas, cazadores, pescadores y silvicultores- ocupa el 70% del territorio de la Comunidad. Sin embargo, desde 1985, las tierras de cultivo han sufrido una merma del 30%, pasando de 933.400 hectáreas a 685.400, de modo que se han abandonado o dejado de cultivar unas 164.000 hectáreas «por falta de rentabilidad».

Esto provoca una involución en los cultivos: el naranjo (-26%), la viña (-51%), patata (-81%), cebolla (-77%), alcachofa (-63%), melón (-66%), pimiento (-66%), almendra (-26%), limonero (-54%) y tomate (-81%). También el empleo agrario ha descendido en 96.600 personas (-62,7%), de 153.900 personas en 1985 hasta 57.300 en 2017.

El informe alerta además que 842.565 hectáreas de la Comunidad están «en riesgo elevado de sufrir daños por sobrepoblación de la fauna salvaje». Si la superficie total de tierra -de cultivo, prados y pastizales, terreno forestal y otras superficies- de la Comunidad es 2,3 millones de hectáreas, el 36% está en peligro.

Fauna silvestre

Esto coincide con la caída de las licencias de caza, que de 2000 a 2016 han disminuido un 48%. En este período, las poblaciones de jabalíes se han incrementado un 150%. Por su parte, el aumento de especies como el ciervo, el corzo, el conejo y la cabra montesa en los últimos tres años ha sido del 112%. La acción depredadora de estas especies silvestres sobre los cultivos y las infraestructuras agrarias se ha traducido, solo en 2017, en pérdidas directas de unos 26 millones de euros, según aseguran las asociaciones agrarias.

Ante esta situación, el presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, advierte del «daño» en los campos por el crecimiento de población de la fauna salvaje y exige que se permita a los cazadores «contribuir al equilibrio rural».

Por su parte, el presidente de la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana, el alicantino Vicente Seguí, reclama que en lugar de «prohibir» lo que hay que hacer es «potenciar la caza para lograr un equilibrio en el mundo rural. Las políticas de no intervención que defienden que el medio ambiente se autorregula son una utopía», asevera Seguí.

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