Amigos y conocidos del exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi respaldaron ayer los negocios del exregidor cuestionados por la Agencia Tributaria en el juicio por el que se sienta en el banquillo por presunto fraude fiscal. Entre los testigos citados estaban dos antiguos compañeros de corporación, como Sonia Alegría y Juan Rodríguez Marín, así como el traumatólogo Félix Ruiz de la Cuesta y algunas de las personas que intervinieron en la firma de un aval por el que una empresa de Madrid saldó la deuda tributaria que el exalcalde tenía con Hacienda.

Díaz Alperi está acusado de tres delitos de fraude fiscal y uno de cohecho impropio por los que le piden penas que suman nueve años y nueve meses de prisión. Junto a Alperi se sientan en el banquillo los empresarios Antonio Solana y Antonio Moreno, a quienes se acusa de haberle ayudado a cometer estos delitos, así como al gerente de Marina Deportiva, Javier Palacio, por no haberle cobrado por el amarre del barco en el recinto.

La Agencia Tributaria le acusa de un fraude fiscal correspondiente a los años 2007, 2008 y 2010 que sumaría 682.653 euros mediante negocios simulados para ocultar su patrimonio. El exalcalde de Alicante justifica parte de los ingresos en metálico cuestionados por Hacienda por la venta de un barco, cuadros, lotería y botellas de vino.

Entre los testigos de ayer se encontraba la exedil Sonia Alegría que aseguró que adquirió 600 euros en lotería en diciembre de 2007 a Alperi. Según explicó, el exalcalde le vino diciendo que había tenido «una corazonada» sobre cuál iba a ser el número que ese año iba a ser premiado con el Gordo en el sorteo de Navidad. Años más tarde, en 2012, a raíz de la inspección que Hacienda estaba hacienda al exalcalde, éste le pidió que le firmara un recibo por los décimos vendidos. «Lo firmé porque me lo pidió y era verdad. Me acordaba perfectamente porque fue una cantidad importante y yo no suelo comprar lotería», explicó.

Otro de los testigos que apoyó la versión del exalcalde fue el traumatólogo Félix Ruiz de la Cuesta, que, según declaró, le adquirió en el verano de 2008 una carpeta con siete serigrafías de Eusebio Sempere. El médico dijo que, como las serigrafías estaban dedicadas, pidió al exalcalde meses después que le hiciera un recibo «para evitar tener problemas».

Por su parte, el exconcejal Juan Rodríguez Marín aseguró que compró un barco a Díaz Alperi y que con el dinero que con él pagó el exregidor adquirió un catamarán a medias con otro de los acusados, Antonio Solana. Según su declaración, primero se firmó una opción de compra en 2007 y un año después se formalizó la operación por 30.000 euros.

Rodríguez Marín, que para explicar su amistad con el exregidor aclaró que era padrino de una de sus hijas, señaló que parte del dinero se abonó en efectivo y otra a través de transferencias bancarias, aunque no recordaba exactamente las cantidades. Mantuvo que sabía que el barco lo tenían a medias entre Alperi y Solana, aunque siempre que lo visitó lo hizo en compañía del exalcalde.

Préstamo

Asimismo, el director de la oficina bancaria en la que se firmó el crédito de 400.000 euros por el que se compró el catamarán Akra 1, valorado en 850.000 euros, aseguró que el préstamo fue firmado por Antonio Solana, quien puso su empresa, la mercantil Birminghan, para avalar la operación.

El testigo asegura que mantenía con Solana todas las cuestiones relativas al crédito, aunque recordaba que hubo un cambio de titularidad con las participaciones de la sociedad a nombre de la que estaba el barco, Andrax Bussines.

También declararon algunas de las personas que intervinieron en otra de las operaciones cuestionadas por Hacienda como es la firma de un aval por parte de una mercantil de Antonio Moreno y con el que Alperi saldó una deuda tributaria de un millón de euros.

Los inspectores de Hacienda consideran que ese aval supuso una ganancia patrimonial por la que tenía que haber declarado 445.351 euros en impuestos y para eludir su pago simularon una deuda que la mercantil de Moreno nunca tuvo intención de cobrar.

Uno de estos testigos es el abogado Jaime Mairata, que representó a Alperi ante el contencioso que tenía en la Audiencia Nacional para evitar la ejecución del dinero de la deuda tributaria negó que se tratara de un negocio simulado.

Según las explicaciones, Moreno aceptó avalar a Alperi frente a Hacienda porque «le dijeron que el caso en la Audiencia Nacional estaba ganado al 99%. Era tirar a pichón parado». El acuerdo era que el empresario se quedaría con el 15% del dinero reclamado si se ganaba el pleito, aunque perdieron y Hacienda ejecutó el aval, por lo que a continuación Moreno reclamó el dinero al exalcalde de Alicante.

Robo del pagaré de Alperi

«Alperi quería pagar pero no podía y Moreno quería cobrar la deuda», explicó. Asimismo añadió que hubo algunos pagos por parte de Alperi que se comprometió a saldar la deuda en cinco años. El exalcalde llegó a firmar un pagaré pero se optó por una gestión amistosa por el que éste iría pagando poco a poco y la letra quedaría depositada en una caja fuerte del despacho del letrado.

El problema llegó cuando se produjo un robo en varias oficinas del edificio en Madrid y del despacho del letrado se llevaron la caja fuerte que contenía el pagaré. El letrado aseguró que intentaron firmar otro y arreglar la situación extrajudicialmente pero Alperi tenía reticencias por si aparecía otra persona intentando cobrar el desaparecido. «Confiábamos en que aparecería, porque los ladrones solo buscan dinero en efectivo, pero no apareció», relató. El letrado era amigo de Antonio Solana, a quien compró una embarcación.