Una hora llevaba respondiendo al fiscal el exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi cuando se detuvo un momento y pidió agua. Pasaban pocos minutos de las 11 de la mañana pero aún le quedaba el trago de otra hora de declaración y de casi cuatro más de permanencia en la sala de vistas donde se le está juzgando por tres delitos fiscales y uno de cohecho impropio. Se le acusa de ocultar a Hacienda unos ingresos de un millón de euros de origen desconocido y de atracar su barco gratis.
Esas horas fueron las que se emplearon, además de en su interrogatorio, en el de los otros tres acusados en este proceso: su amigo Antonio Solana y otro Antonio, Moreno, responsable de la mercantil que libró el aval con el que se saldó la deuda millonaria que Alperi tenía contraída con Hacienda. Ambos se les acusa de colaborar con el expolítico en la comisión de los delitos fiscales. Junto a ellos, Javier Palacios, gerente de la Marina Deportiva y sentado en el banquillo por dejar atracar el barco al expolítico sin cobrarle nada.
No muy sobrado de energía pero contestando sereno a cada pregunta que le lanzaba el fiscal, quien fuera la primera autoridad de la cuidad durante trece años negó cualquier irregularidad en el abono por parte de la mercantil de Moreno, Taller de Contabilidad, del millón que le debía a Hacienda. Y precisó que si le ofrecieron unas condiciones a todas luces ventajosas fue porque estaban convencidos de que iban a ganar el pleito que el expolítico tenía con la Agencia Tributaria, lo que le habría reportado a la empresa un 15% del total.
Pero no fue así y la sociedad tuvo que pagar más de un millón en 2007 que aún no ha recuperado. Tiene, eso sí, una resolución de un juzgado de Madrid que le reclama el pago a Alperi, pero se ha declarado insolvente. «Es la verdad, yo ahora vivo de mi pensión de jubilación de 2.100 euros y encima han pedido el embargo», concretó. Aunque a preguntas de este diario aseguró que de momento la sigue cobrando intacta.
En contra de lo que declaró en instrucción, Alperi negó que ese trato de favor obedeciera en realidad a una contraprestación por las influencias que en ese momento tenía como alcalde y que le habrían servido a Taller de Contabilidad para abrirse mercado en Alicante. «Eso es una suposición», contestó al fiscal Alperi, quien agregó que al él nadie le pidió nada.
Pensando muy bien cada respuesta, Alperi resumió su actuación en relación al aval asegurando que hizo cuanto le pidieron, frase con la que explicó la tardanza en el reconocimiento de la deuda (cinco meses después de que se hubiera abonado) o su reacción cuando robaron el pagaré («no me pidieron que hiciera otro», precisó). Y dijo que si no lo incluyó en su declaración de bienes en las Cortes fue porque se le pasó.
«Todo lo que recibía»
Cuestionado por el abogado del Estado el exprimer edil precisó que declaraba «todo lo que recibía», que él fijó en sus años de actividad política entre 60.000 y 70.000 euros y el letrado elevó a 100.000, y al interesarse sobre cómo pensaba saldar la deuda millonaria apuntó que «pagando poco a poco, pero luego empezó la inspección (por la de Hacienda que dio pie a este proceso), y todo se vino abajo».
Vista su situación financiera en esos momentos tanto el fiscal como el representante de la Abogacía del Estado quisieron saber cómo se le ocurrió comprar un catamarán (valorado en 852.000 euros y que supuestamente adquirió a medias con Solana) con semejante deuda sin saldar, un transacción a la que Alperi le restó importancia. «Todo es dinero y a Moreno le daba igual cómo tuviera mi patrimonio» dijo. Afirmación que el citado Moreno rebatió asegurando que de haber conocido que iba a hacer esa compra sin pagar lo que le debía «me tiro al cuello».
En su declaración, Moreno, que se enfrenta a un petición de tres años de prisión y a una multa de un millón de euros, precisó que el modo en que se gestionó el aval, con esas claras ventajas para el exdiputado, obedeció a que estaba convencido de que iba a ganar el pleito con Hacienda y no sería necesario ejecutarlo. Y rechazó que buscara las influencias del exregidor para introducir su empresa en Alicante.
Otro de los puntos clave de la sesión de ayer fue la compra del citado catamarán, una adquisición que las acusaciones sostienen que fue realizada por Solana para encubrir al verdadero propietario, que era Alperi.
Los dos viejos amigos coincidieron no sólo en negar la mayor sino en asegurar que el catamarán era de los dos al 50%, que podía ocurrir que el expresidente del Alicante realizara los pagos pero que su amigo Luis le daba previamente el dinero («en la mano o en un talón», concretó Alperi, aunque no lo recordaba bien). Y que de ello no había una constancia documental porque eran un par de amigos que tenían el sueño de cruzar el Atlántico, no una sociedad mercantil, vinieron a decir.
Ambos también fueron coincidentes en explicar que si compraron el barco a través de una sociedad, Andarx Businees, fue, en contra del objetivo de opacidad que mantienen las acusaciones, para hacer las cosas bien dada la condición de alcalde de Alperi «porque así nos exigía llevar una contabilidad».
Solana apuntó que él utilizaba el barco siempre que quería, aunque los datos que obran en la causa apuntan a que «quería» menos que Alperi. Y el exalcalde explicó que si después le compró la sociedad a su amigo para operar con ella fue para aprovechar que ya estaba constituida, por pura comodidad.
El catamarán se vendió cuando supieron de la inspección de Hacienda y el exalcalde dijo que con lo que sacó pagó deudas y dio una provisión de fondos a su abogado.
