Hace casi dos años que se abrió la vía para que los dependientes reclamaran a la Conselleria de Igualdad tanto el dinero desembolsado a través del copago a centros de día y ocupacionales como las cuantías que dejaron de percibir por el tijeretazo que el anterior Gobierno del PP aplicó al salario de los cuidadores entre los años 2012 y 2015. Ambas medidas fueron declaradas nulas en los tribunales en 2016, lo que abrió la puerta a reclamar el dinero a la actual Conselleria de Igualdad a través de la responsabilidad patrimonial.
La propia conselleria envió cartas a los usuarios informándoles de esta nueva posibilidad y animándoles a reclamar. Sin embargo, casi dos años después, se han registrado cerca de 10.000 solicitudes en el departamento de Mónica Oltra para cobrar este dinero «sin que todavía se hayan resuelto y tengamos ni siquiera una fecha en la que se empezará a resolver y a pagar», lamenta Paloma Cascales, abogada de la Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia.
Por este motivo, la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia ha decidido pasar a la acción y reclamar en los tribunales este dinero. «Si transcurridos seis meses de la solicitud no hay respuesta por parte de la Administración se puede acudir al juzgado», explica Cascales. Además, matiza la abogada, «estos casos no van al Tribunal Superior de Justicia, sino a un juzgado de lo Contencioso, por lo que en menos de un año podemos tener resolución».
La sentencia del Tribunal Superior a la que se acogen las plataformas para que los dependientes reclamen tiene fecha del 15 de marzo de 2016 y fue presentada por la abogada Sandra Casas, antes de entrar a formar parte del gobierno de la Generalitat como secretaria autonómica de la Dependencia. En enero de ese mismo año la Conselleria de Igualdad ya había derogado el copago en los centros de día y ocupacionales de la Comunidad, pero la sentencia de Casas abrió la puerta a reclamar las cantidades cobradas de manera irregular entre el año 2012 y el 2015. La sentencia fue publicada en el DOGV en julio de 2016 y a partir de entonces los dependientes tenían un año para reclamar estas cantidades mediante una solicitud de responsabilidad patrimonial.
Aunque en la mayor parte de los casos no se trata de cantidades muy altas, Paloma Cascales, afirma que detrás de estas solicitudes hay casos muy sangrantes a los que todavía la Conselleria de Igualdad no ha hecho caso. «Hay dependientes a los que les faltan las dos piernas y que apenas se pueden mover a los que la anterior administración recortó al prestación de 300 euros mensuales a 20. También hay muchos niños en esta situación». Tanto en el caso del recorte que se aplicó a la paga de los cuidadores como del dinero que se pagó a los centros de día y ocupacionales, tienen derecho a reclamar tanto los dependientes como sus herederos, en caso de que hayan muerto.
Desde la Conselleria de Igualdad hicieron alusión ayer a las «dificultades» que está habiendo para recabar los datos relativos al copago de los centros de día, «ya que en muchos casos se trata de instalaciones que dependen de los ayuntamientos». Fuentes del departamento de Mónica Oltra recuerdan que cuando llegaron a la Generalitat «nos encontramos con los expedientes de responsabilidad patrimonial de las personas que habían fallecido y los pagamos de golpe». «Vamos poco a poco», añaden estas mismas fuentes.
