El expresidente del consejo territorial de la CAM en Alicante y uno de los tres exvicepresidentes de la caja, Armando Sala, no siempre fino de oído, escuchaba con dificultad e inquieto en su asiento de la segunda fila de acusados, las cuestiones previas planteadas por las defensas; el psicólogo Oscar Strada, exconsejero de la entidad, se esforzaba desde la tercera línea del banquillo en comprender cada sílaba de las argumentaciones de los letrados, del fiscal Felipe Briones y del presidente de la sección décima de la Audiencia Provincial, Javier Martínez Marfil. El abogado Martínez Camacho, que representa al también exconsejero encausado Martín Sevilla, rogaba que los intervinientes entraran en máxima comunión con los micrófonos porque algunos de los presentes comenzaban a tocar de oído. Una veintena de letrados, la mayoría de ellos entre lo más granado de la Abogacía alicantina, se pasaban unos a otros el par de micros puestos a su disposición como lo haría el público de un programa televisivo, sin que nadie en la sala pudiera aseverar con certeza que el situado en un extremo lograra captar la intervención del colega sentado diez puestos más allá.
Entre el traqueteo del aire acondicionado y el rechinar del medio centenar de asientos dispuestos en la sala, algunos discursos resultaron inaudibles. Al fondo de la habitación, cinco abogados ligados a bufetes representados en el juicio, intentaban cazarlas al vuelo. En el reservado de prensa, tan poblado de periodistas como casi desierta de informadores estaba la sala principal, las condiciones no eran mucho mejores: cualquier susurro podía convertir en ininteligible el final de una frase.
Esta falta de medios en un proceso de esta envergadura justificaría por sí sola las recientes protestas de jueces y fiscales por las carencias más que demostrables de la Justicia española. El tono educado y respetuoso empleado ayer por magistrados, defensas y representantes de la acusación no fue suficiente.
Pero en este escenario del siglo XX en un proceso del siglo XXI, la Justicia no viaja sola. Las responsabilidades penales del consejo de administración la CAM sobre las retribuciones de su último presidente, Modesto Crespo, se dirimen en sede judicial porque una parte de los encausados asegura que los emolumentos de Crespo se aprobaron en ese órgano, frente a la versión de otros consejeros que mantienen que jamás tuvieron noticia de tal cosa y que las actas se manipularon con posterioridad.
Grabar aquellas sesiones del máximo órgano de decisión de la CAM habría ahorrado buena parte de los miles de folios de que se compone el sumario y, de paso, saber quién dice la verdad. Pero no. Las reuniones del consejo dejaron de grabarse, aseguran fuentes de la extinta entidad financiera, poco después de la elección de Crespo, en contra de lo que era costumbre en tiempos de su antecesor, el fallecido Vicente Sala. Nadie da una explicación convincente al respecto ni puede asegurar que esta práctica dejara de realizarse por alguna oscura razón. Que si se averió el equipo de grabación y no hubo diligencia para su arreglo; que si levantar acta certificaba suficientemente lo debatido en las sesiones... El caso es que no hay audios y aquí estamos de juicio.
Puede afirmarse sin ningún complejo que la vista oral iniciada ayer contra el máximo órgano de administración (con permiso de la asamblea) que regía las decisiones de la que llegó a ser cuarta caja de ahorros de España, Caja Mediterráneo, cumple todos los requisitos para considerarse un «macroproceso». Y lo es aunque se trate de una de las siete piezas abiertas por la gestión de la entidad: enjuicia un asunto de amplia repercusión social, vaticina un periodo prolongado de sesiones, cuenta con un número inusual de acusados, congrega a una pléyade de abogados de prestigio, genera (en su inicio) expectación entre los medios de comunicación y afecta (si no en la cuestión principal, sí en las que componen su perímetro) a un número importante de personas y de muy distinta procedencia. Y un sistema de audio que no da ni para aula de colegio.
Macroproceso
En contraposición a este «retroproceso», los macroprocesos comenzaron a bautizarse de dicho modo a partir de los juicios a la mafia italiana celebrados a comienzos de la década de 1990 tras años de instrucción del juez Falcone. El término se generalizó a posteriori para aquellos casos que reunieran las características enumeradas líneas atrás, con independencia del tipo de delitos, desde asuntos ligados al terrorismo a escándalos financieros, corrupción política o la quiebra de una entidad bancaria. Es difícilmente imaginable que algunos de los asuntos más notorios que están en la mente de la ciudadanía llegaran a la fase oral con esta carencia de medios.
En el exterior de la sala, poco antes de comenzar la sesión y más tarde en su único receso, muchos de los 21 encartados no echaron en falta la megafonía. Las miradas bastaban. Los miembros del consejo de administración de la CAM nunca fueron ni de lejos una de esas piñas de amigos que se juntan a cenar en Nochebuena. Una cosa era apuntarse a un viaje oficial exótico y otra muy diferente exaltar la amistad todos juntos durante un fin de semana en un hotel rural. Cosas de la ley de cajas, que agrupaba a los socialistas con los socialistas y a los populares con los populares; a los sindicalistas con los sindicalistas; y a los impositores (clientes) con cualquiera que les explicara de qué iba todo aquello.
El final de la CAM enredó aquella falsa homogeneidad, y ayer, con todos a un tiempo en el mismo lugar, escenificaron sus posturas a la perfección en un rencuentro de gestos. Algunos negaron el saludo a Modesto Crespo, que ha pactado con el fiscal; Jesús Navarro, empresario y consejero propuesto en su día por el PSPV, se mantiene férreamente alineado con las posiciones de Armando Sala, en la CAM por designación del PP versión Zaplana, y del mencionado Oscar Strada; Martín Sevilla, exconseller del PSOE de Joan Lerma, asegura, como el expresidente de la caja en Valencia y nada sospechoso de ser seguidor del puño y la rosa, Antonio Gil-Terrón, que el sueldo de Crespo se aprobó en consejo. Roberto López Abad, que fuera máximo directivo de la institución desaparecida, vadeaba en exteriores en compañía, básicamente, de algún periodista. Dentro de la sala, ni familiares, ni amigos. 21 personas en la soledad inmensa de saberse acusados, salvo Aniceto Benito, a quien acompañó su hijo. Nada parece indicar que si vuelven a coincidir en el órgano de dirección de alguna empresa, proyecten un viaje en crucero. Volverán a encontrarse el próximo 4 de junio en el mismo lugar. Confiemos en que ese día funcione mejor el sistema de sonido.
