n Las defensas de Sonia Castedo insisten en que el Plan General nunca llegó a estar vigente y que los actos realizados por el Ayuntamiento para aprobarlo fueron «de trámite», por lo que consideran los informes policiales como «una especulación intelectual». Estas conclusiones van contra lo manifestado por el juez instructor en el procesamiento de los acusados que consideraba que las gestiones realizadas por el Ayuntamiento eran la expresión de la voluntad municipal», y por lo tanto sí que podía considerar «una resolución administrativa».

Las defensas señalan que «por un lado, se toma como punto de partida una elaboración administrativa que no fue aprobada, que no tiene valor alguno y, por otro , se imputan delitos de un PGOU inexistente hoy y que, durante el desarrollo del proceso no pasó de ser un mero acto de trámite, cambiante y susceptible, como sucedió, de no convertirse en realidad», aseguran. Asimismo inciden en que los atestados policiales hacen caso omiso a decenas de informes técnicos municipales, autonómicos y nacionales que han avalado todos y cada uno de los trabajos del PGOU que, insisten, nunca fue aprobado y por lo tanto era incapaz de producir efectos en el mundo jurídicos o económico.

La defensa impugna las intervenciones telefónicas y su inadmisión como prueba en el juicio, una petición que ha estado encima de la mesa del instructor desde el inicio de la investigación. Asimismo impugnan los atestados policiales aportados por las acusaciones y reclaman su exclusión del proceso, ni que los policías que los elaboraron comparezcan en el juicio en calidad de peritos-testigos al entender que son meros testigos. «Las inferencias de la Policía no tienen valor probatorio alguno, ni siquiera el testifical», recalcan.