Los abogados de la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo han pedido en el juzgado que investiga las presuntas irregularidades en la tramitación del PGOU la nulidad de la instrucción desde el inicio hasta que ésta fue imputada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, según las conclusiones del escrito de defensa presentadas ayer ante el juzgado.
La investigación del PGOU es una de las piezas separadas del caso Brugal y comenzó en mayo de 2008 cuando el juzgado de Orihuela autorizó a la Policía a intervenir el teléfono del promotor Enrique Ortiz, pinchazos en las que luego se apoyaron las acusaciones de amaños que dos años más tardes se enviaron al juzgado de Alicante que abrió diligencias. La causa se remitió al TSJ en 2012 para que siguiera las pesquisas dado el aforamiento de Sonia Castedo y de Luis Díaz Alperi por ser diputados autonómicos.
Los abogados José María Asencio y Juan José Martínez Albert consideran que se vulneró el derecho de defensa de Sonia Castedo al haberle negado su intervención como parte imputada mientras era investigada, pesquisas que se llevaron a efecto sin citarla como imputada como debería haberse hecho, argumentan.
«No hay delito»
El escrito de defensa insiste en otros argumentos ya planteados al juzgado en otros recursos, como que la investigación se basa únicamente en especulaciones de la Policía del contenido de las escuchas y que las acusaciones contra Castedo son tan genéricas que limitan su derecho de defensa al no saber de qué se le acusa. Por eso insisten en que los hechos denunciados no constituyen delito alguno y reclaman la absolución de la exalcaldesa popular.
La Fiscalía y Esquerra Unida reclaman para Castedo penas que suman diez años de prisión, mientras que el Ayuntamiento pide cuatro años por delitos de tráfico de influencias, cohecho y revelación de información privilegiada.
La defensa señala que en la causa no se concretan qué actos de presión pudo hacer Castedo sobre los funcionarios competentes para la aprobación del plan, ni tampoco se concreta qué información sobre el futuro planeamiento de la ciudad habría revelado la exalcaldesa al promotor. En el caso de las supuestas dádivas, los letrados inciden en la acusación se basa sólo en que no se ha acreditado la extracción de dinero de una entidad bancaria e ignorando las facturas de pago, como ocurre en los supuestos viajes a Andorra. «Más compleja aún es la acusación sobre el asunto del Mini en la que las tres acusaciones sostienen cada una versión diferente de los hechos», recalcan.
«Todo se ha formulado sobre palabras e inferencias, sobre abstracciones incompletas que dejan los delitos sin definir en su integridad penal», aseguran. Los letrados mantienen que los atestados policiales están elaborados sobre una base que «impide toda consecuencia penal» y son «impertinentes o inútiles» al basarse en elementos ajenos a la causa, sin relación con los hechos debatidos. Como ejemplo cita que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía para estimar los supuestos beneficios de Ortiz derivados del PGOU toma como comparación los trabajos del anterior redactor, Lluís Cantallops, cuando éste «fue rechazado por el Ayuntamiento, especialmente porque (...) una vez concluidos devinieron inservibles a la vista de las reformas legales aparecidas en Urbanismo».
«La Fiscalía ha sustentado todas sus conclusiones en unas escuchas, en palabras y en las inferencias subjetivas policiales una y otra vez desmentidas posteriormente por la misma Policía», aseguran y mantienen que en ninguna de las conversaciones narran ningún delito por Castedo y sólo hay una voluntad de buscar un respaldo delictivo en las palabras que no ha conseguido plasmarse en datos objetivos.
