Un juzgado ha procesado a tres funcionarios del Ayuntamiento de Alicante por presunta prevaricación en la licencia de un chalé en el Cabo de las Huertas, según confirmaron a este diario fuentes municipales. La querella se presentó por una ciudadana particular a través del abogado José Luis Romero que denunciaba que el cerramiento de la construcción invadía zona verde y parte del viario de la calle Marrajo.
Los funcionarios procesados son el que fuera responsable de la Gerencia de Urbanismo, Enrique Sanus; el actual jefe de Urbanismo, José María Navarro; y una topógrafa municipal. Los dos primeros formaban parte de la cúpula de Urbanismo durante el mandado de Sonia Castedo. Sanus está jubilado en la actualidad, mientras que Navarro ha fue repescado por Eva Montesinos al romperse el tripartito.
Planos falsificados
Se les imputa un delito de prevaricación urbanística por haber tramitado la licencia de primera ocupación del inmueble sin que se hubiera restituido la legalidad urbanística de la parcela. A la topógrafa se la acusaba de haber alterado los planos de la parcela para que coincidieran con el trazado que favorecía a la promotora. El plano contradecía otro del año 2002 de otro topógrafo municipal que acreditaba esta ocupación indebida del suelo y que sirvió para que el Ayuntamiento paralizara la obra en su día. El juez ha dictado auto de procedimiento abreviado para los tres y emplaza a las acusaciones a que presenten sus escritos de conclusiones por estos hechos.
Por esta querella cuya instrucción termina con el auto de procesamiento, llegaron a estar imputados la entonces responsable de Urbanismo, Marta García Romeu, así como el letrado municipal Pedro Núñez de Cela, pero el juez no vio delito en su actuación y archivó la causa para ellos.
Los hechos se remontan al año 2001 cuando los vecinos denunciaron la ocupación de zona verde por parte de la construcción de la mercantil Urbana Juárez S. L. Se inició así un escarpado camino judicial que se ha traducido en dos querellas y varios procedimientos por la vía contencioso-administrativa. Cuando se presentó esta primera denuncia la responsable de Urbanismo era Sonia Castedo que declaró en el juzgado por estos hechos. La primera querella fue archivada porque el juez entendía que el delito no podía existir en tanto no se firmara la certificación final de obra ni licencia de primera ocupación y se estableciera la correcta alineación del cierre de la parcela.
Cuatro años después de esta decisión, se presentó nueva denuncia por estos hechos alegando que el chalé ya estaba ocupado y que tenía uso residencial sin la licencia de primera ocupación. El juzgado que ha investigado los hechos es el mismo que ha llevado las diligencias por las presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana.
De hecho, la presentación de la querella por segunda vez coincidió con los años en que el magistrado Manrique Tejada estaba enfrascado en el PGOU y eso motivó que recibiera un refuerzo. Han sido los magistrados Daniel Barrientos, primero, y Alejandro González Mariscal de Gante los que llevaron el peso de la instrucción. En los últimos meses, Tejada retomó la querella y ha completado las diligencias acordando enviar al banquillo a los tres funcionarios al ver indicios de delito en su actuación.
