La Fiscalía de Alicante ha abierto diligencias para determinar si hay delito en el sueldo que supuestamente le ofrecieron a la concejala tránsfuga Nerea Belmonte a cambio de su voto, según confirmaron ayer fuentes del Ministerio Público.
La apertura de diligencias se produce pocos días después de que dos vecinos, José Luis Valdés y Francisco Javier García, denunciaran ante ese departamento las palabras de la edil, tal como publicó este diario el pasado sábado. La investigación correrá a cargo del fiscal Anticorrupción Felipe Briones que ahora deberá estudiar la denuncia para determinar qué pasos adopta para esclarecer lo que en ella se relata y si encarga a la Policía Judicial que practique alguna diligencia más. Del resultado de la investigación dependerá que la denuncia se envíe al juzgado o, en caso contrario, que se archiva por no detectarse ninguna ilegalidad.
La denuncia presentada por los dos vecinos relataba lo ocurrido en la sesión plenaria del pasado 18 de abril de este año y aportaba copias de las informaciones que los medios de comunicación publicaban sobre ello. Durante el primer Pleno del actual alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, la edil tránsfuga aseguró que le ofrecieron un sueldo de 3.500 euros y un puesto en las listas a cambio de apoyar a la candidata socialista, Eva Montesinos.
Sesión plenaria
Belmonte realizó esta afirmación en el transcurso de la sesión plenaria cuando respondía a una intervención del portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, quien le preguntó qué «beneficio» iba a obtener por impedir que la izquierda se mantuviese en la Alcaldía, lo que la expodemita provocó por el equilibrio de fuerzas al votar en blanco en la investidura del nuevo alcalde tras la dimisión del socialista Gabriel Echávarri.
La edil, que concurrió a los últimos comicios municipales en la lista de Guanyar, evitó concretar quién le había hecho esa propuesta a cambio de su apoyo aunque sí quiso dejar claro que «no era del PP», pero sin aportar prueba alguna que avalara sus palabras. Todas las miradas se volvieron hacia la bancada que ocupan las formaciones de izquierdas, y en concreto hacia el PSOE, que inmediatamente se desvinculó de un ofrecimiento que la propia Eva Montesinos tachó de «tácticas mafiosas».
Ante este episodio, y dada la gravedad que encierra el supuesto intento de compra desvelado por la concejal tránsfuga en sede municipal, los ahora denunciantes esperaban que alguno de los representantes públicos presentes iba a de poner los hechos en conocimiento de la Justicia para que se aclararan. Pero visto que nadie parecía estar por la labor, Valdés y García acudieron a la Fiscalía para comunicar a Anticorrupción lo afirmado por Belmonte y pedir que se investigue.
La oferta de dinero a un concejal para dirigir su voto tiene consideración de delito. Una sentencia del Supremo de la que fue ponente el magistrado alicantino Joaquín Giménez cuando era miembro de la Sala Segunda deja claro que «el ofrecimiento de dinero para conseguir un concreto posicionamiento de un elegido del Consistorio constituye un acto de corrupción político-económica por parte de quien hace el ofrecimiento, con independencia de que no haya prosperado.
