Ni 30, ni 45, ni 60 días. Todas las viviendas turísticas que se pongan en alquiler al completo, aunque sea un día, tendrán que estar registradas en la Generalitat y con un informe municipal que acredite que cumple la norma urbanística. Así quedó ratificado ayer en las Cortes, donde se aprobó el texto definitivo de la ley de Turismo.
El debate de la norma había generado la expectativa de que los pisos pudieran tener un uso económico durante un número limitado de días sin necesidad de contar con esta matrícula de la Generalitat. Pero PSPV, Compromís y Podemos lo han descartado. Temían que pudiera ser un coladero, por la falta de control que en estos momentos existe, y los propietarios alquilaran sin medida. Para cubrirse las espaldas, en paralelo, se ha aprobado una enmienda que obliga a las plataformas a exigir a los propietarios y publicitar el número de registro, bajo pena de sanción muy grave.
En cuanto a los propietarios que solo alquilen una habitación (no la casa entera) no tendrán la consideración de vivienda turística y por tanto no tendrán que registrarse. Es algo que ya figuraba en la ley actual. Se busca proteger así una actividad que pueden realizar quienes buscan complementar sus ingresos, y que remite al concepto de «economía colaborativa», celebraba ayer el Ayuntamiento de València.
La mayor novedad que se incluye en la ley, a través de una enmienda firmada por los tres partidos del Botànic, es dotar a los ayuntamientos de la capacidad de regular qué vivienda puede ser turística. Las viviendas turísticas deberán disponer del documento acreditativo de la compatibilidad urbanística del ayuntamiento. Es un cambio que va a permitir a València limitar el fenómeno: solo autorizará pisos turísticos en planta baja o primera planta.
La ley, a petición de los vecinos, introduce también la figura del Plan de Intervención en el Ámbito Turístico (PIAT), que permitirá a ayuntamientos como el de València establecer medidas especiales en las zonas saturadas de turistas.
