Tras haber estado esperando fecha durante más de tres años, el lunes comenzará el juicio al exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, y a otros tres acusados. Se le imputan tres delitos de fraude fiscal y cohecho impropio. El juzgado ha reservado once sesiones de juicio, donde la primera arrancará mañana lunes 7 de mayo lunes 7 de mayocon una sesión destinada a que las partes presenten las cuestiones previas que consideren oportunas. El resto de las jornadas se han repartido entre los días 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 de mayo y 1 de junio, en la que el juicio quedaría visto para sentencia.
La vista oral pone fin a una dilatada espera que contrasta con la celeridad con la que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) cerró en su día la instrucción judicial. Después, la causa ha estado estos años acumulando polvo y sin ninguna actividad en un juzgado de lo Penal esperando a que le tocara turno junto al resto de asuntos.
En poco más de un año, el magistrado Antonio Ferrer, de la Sala de lo Civil y de lo Penal del TSJ, investigó la denuncia que partió de la Fiscalía de Alicante y fue presentada en marzo de 2013. La condición de diputado autonómico del exalcalde de Alicante fue lo que determinó la competencia de este tribunal, al ser aforado.
Patrimonio oculto
El exprimer edil de Alicante está acusado de haber defraudado presuntamente a la Hacienda Pública un total de 682.651 euros durante los ejercicios 2007,2008 y 2010 en concepto de cuotas de IRPF por un patrimonio de origen desconocido. El fiscal le reclama penas que suman cerca de diez años de prisión, tres por cada delito fiscal, y nueve meses por un delito de cohecho impropio por el tiempo que el exregidor ha tenido su catamarán amarrado en el puerto deportivo de Alicante sin pagar nada a cambio. Los otros acusados son los empresarios Antonio Solana (amigo personal de Alperi y expresidente del Alicante, para el que se piden seis años de prisión) y Antonio Moreno, administrador de una sociedad radicada en Madrid y para el que se reclaman tres años de cárcel, que le habrían ayudado a cometer el fraude. Además, se solicitan nueve meses para el gerente del puerto deportivo, Javier Palacio, por no cobrar a Alperi el amarre.
La acusación atribuye a Alperi unos ingresos de cerca de dos millones de euros de origen desconocido que presuntamente ocultó a Hacienda y con los que habría saldado una deuda tributaria de alrededor de un millón de euros que tenía contraída de una actividad profesional anterior al acceso a la Alcaldía de Alicante. Además, se habría comprado un catamarán de 15,54 metros de eslora supuestamente a través de una sociedad instrumental.
Cuando la instrucción estaba prácticamente acabada, la dimisión de Díaz Alperi como diputado autonómico en mayo de 2014 obligó a remitir a Alicante la causa para que cerrara el proceso y lo enviara a juicio. El caso recayó en el mismo juzgado que investigaba a Alperi por las presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante (PGOU). El papel del nuevo instructor, Manrique Tejada, se limitó al de dar traslado a las defensas para que presentaran sus escritos y mandar la causa al juzgado de lo Penal en apenas seis meses. Aunque sí autorizó a la Policía a que investigara el origen del patrimonio del exalcalde en la causa por el PGOU.
El presunto fraude fiscal llegó al juzgado de lo Penal número seis de Alicante, uno de los que mayor retrasos acumula en este partido judicial y donde algunas resoluciones han tardado hasta un año en ver la luz tras el juicio. A principios de 2015, el magistrado Eugenio Alarcon planteó a las partes que se pronunciaran sobre si la causa debía devolverse al TSJ para que se juzgara allí. Sólo el Abogado del Estado se mostró favorable a remitir la causa a València, mientras que tanto el fiscal como las defensas se mostraron contrarios a dicha medida.
El amago de regreso al TSJ
Tras dos años de inactividad absoluta, el juzgado sorprendió hasta al mismísimo TSJ cuando en octubre de 2017 envió una exposición razonada al tribunal autonómico planteando que asumiera la competencia para celebrar el juicio. El juez se apoyaba en el criterio adoptado por el Supremo después de que las dimisiones de las exconselleras Milagrosa Martínez y Angélica Such ante su juicio por la pieza de Fitur del caso Gürtel suscitara dudas sobre qué tribunal debía enjuiciar los hechos. El acuerdo se adoptó para fijar un criterio para todos los casos de corrupción con aforados imputados. El Supremo dijo entonces que, una vez dictada la apertura de juicio oral, la dimisión del aforado no implicaba desviar la causa a otro tribunal.
El auto con el que le respondió el TSJ incluía términos como «perplejidad», «inquietud», «preocupación» o «inadmisible» para referirse a que el magistrado, tras haber consultado a las partes hacía más de dos años, se pronunciara ahora planteando la cuestión de competencia. «La comprobación de los tiempos transcurridos nos enfrentan a una dilación difícil de entender, incluso desde la sobrecarga que padecen muchos de nuestros órganos jurisdiccionales», aseguraba el TSJ. «Esta duración no está refrendada por norma procesal alguna y es a todas luces inaceptable», argumentaba. En se resolución, la sala exponía que éste no era el momento para pronunciarse sobre el valor del acuerdo del Supremo, ya que esa cuestión quedó zanjada en su día cuando la causa fue enviada a Alicante antes de que el Alto Tribunal se pronunciara. «El juzgado olvida así que las leyes y la jurisprudencia miran siempre hacia delante y, salvo contadas excepciones, no permiten reabrir asuntos cerrados», zanjaban.
Desde fuentes próximas al juzgado se insistía en que esta consulta no iba a causar dilaciones en la causa, ya que en su agenda tenía reservados los días para el caso de que el TSJ no lo aceptara, tal y como ocurrió.
Con la causa ya devuelta a Alicante, el juzgado celebró una vista para decidir sobre la recusación que el exalcalde había hecho a dos de los peritos de Hacienda que iban a declarar en el juicio, cuestionando su imparcialidad. El pasado viernes, a falta de dos días para el inicio del juicio, el magistrado rechazó la recusación planteada por las defensas al entender que no había motivo para apartarles y éstos sólo hicieron lo propio de su función pública.
