n La Generalitat ha logrado legalizar en el primer cuatrimestre del año cerca de 4.000 apartamentos turísticos en la Costa Blanca que escapaban al control de la Administración, y se comercializaban a través de plataformas «on line» contra las que la Generalitat lleva peleando desde que arrancó la legislatura. La legalización de estas cerca de 16.000 plazas de alojamiento se conoció en el día en que la Agencia y el Colegio de Administradores de Fincas de la Comunidad Valenciana anunciaba el lanzamiento de una guía, en principio electrónica, con la que se pretende concienciar a los propietarios que alquilan sus viviendas a turistas sin tenerlas registradas. Los propietarios se exponen a multas de hasta 90.000 euros que podrán llegar a los 600.000 euros -en función de la gravedad de la falta- cuando entre en vigor la nueva Ley del Turismo, hoy en tramitación. El alojamiento clandestino es en estos momentos el principal obstáculo de hoteles y apartamentos legales en la Costa Blanca, por la competencia desleal que representa para la planta sometida a todo tipo de controles.
En la Comunidad Valenciana se han registrado 6.010 viviendas turísticas durante el primer cuatrimestre del año. Por provincias, la de Alicante ha habido 3.856 nuevas altas, en Castellón 1.426 y en Valencia 728. Destacan sobre todo los resultados del último mes, alcanzando cerca de 2.000 nuevos registros en abril. La Agencia Valenciana de Turismo controla en estos momentos 66.755 viviendas turísticas. 40.326 están en Alicante, 13.727 en Castellón y 12.702 en Valencia. Una cifra, la de la Costa Blanca, muy importante pero que todavía es corta ya que supone, tan sólo, la mitad de la oferta total, cifrada en unas 80.000 viviendas.
Turismo ha resuelto hasta ahora con multas seis de los siete expedientes abiertos a diversas plataformas «online» de alquiler de apartamentos en Internet, con sanciones por valor de 120.000 euros. El motivo es que las plataformas comercializaban viviendas como turísticas sin estar registradas oficialmente, lo que se considera una falta grave en la Ley del Turismo. Tres de las grandes plataformas comercializadoras «online» han recibido la sanción máxima que permite la ley actual: 30.000 euros cada una de ellas. Cantidades que, no obstante, son irrisorias para estos gigantes, y que ahora el Consell quiere atajar, como lo demuestra que la futura Ley del Turismo aumenta el importe de la sanción máxima hasta los 600.000 euros. Las plataformas Homeaway, Airbnb y Rentalia deben abonar un total de 30.000 euros de multa cada una por no exigir y reflejar el número de registro que acredita que las viviendas que se anuncian en sus páginas web son turísticas. Homeaway ya inscribe, además, sus apartamentos en el registro.
