Entre año y medio y dos años. Ese es el tiempo que tienen que esperar las personas con discapacidad de la provincia que acuden al centro de valoración de Alicante para ser evaluadas y obtener el grado de discapacidad, que da derecho a determinadas ayudas. Así lo denuncian usuarios afectados y personal de la conselleria de Igualdad, una queja que este periódico ha podido corroborar a través de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Alicante, Cocemfe, que agrupa a 44 asociaciones.
Hasta el centro de valoración de Alicante, ubicado en la calle Fernando Madroñal, acuden personas de toda la provincia para tramitar el grado de discapacidad, necesario, siempre y cuando supere el 33%, para poder acceder a determinados derechos, como acceso al empleo protegido, ayudas para coches eléctricos, exenciones fiscales...
El presidente de Cocemfe, Antonio Ruescas, achaca esta enorme demora a la falta de personal y de medios técnicos con los que cuenta el centro de valoración y afirma que el mayor retraso se da en las solicitudes que son más complejas. «Las valoraciones sencillas están tardando 18 meses en salir. Cuando son casos más complicados, en los que tienen que intervenir más profesionales como médicos, psicólogos o trabajadores sociales la espera se dispara a 20 ó 24 meses».
Esta entidad critica también la opacidad que existe desde hace unos meses en el centro de valoración. «Antes podías hablar directamente con los trabajadores y pedirles que agilizaran un expediente concreto, por ejemplo cuando una persona con discapacidad estaba pendiente de que le hicieran un contrato de trabajo. Ahora es imposible. No se puede hablar con nadie y tampoco te informan de la situación de los expedientes, algo que antes sí hacían sólo con facilitar el DNI».
Respecto a los criterios de valoración que emplean los funcionarios para evaluar el grado de discapacidad, Ruescas explica que éstos siguen yendo muy a la baja, «aunque ya no se da la sangría de hace unos años», cuando en lo peor de la crisis, a los discapacitados a quienes se revisaba su caso se les recortaba el porcentaje, incluso en aquellas situaciones en las que se había producido un empeoramiento de la situación física. Una situación que dejó sin ayudas a cientos de personas en la Comunidad.
Con todo, sigue habiendo casos que, a juicio de Cocemfe, claman al cielo. «A personas con movilidad reducida, incluso con prótesis, no les están concediendo el 33% de discapacidad. Si el afectado reclama, entonces lo revisan y lo suben, pero antes hay que meterse en papeleos y en muchos casos gastar dinero para contratar a un médico perito que haga una valoración independiente».
En el centro de valoración también se tramitan las solicitudes para conseguir la tarjeta para aparcar en espacios reservados para personas con movilidad reducida. Cocemfe denunció hace unas semanas que la Conselleria de Igualdad estaba poniendo muchas trabas a personas con miembros amputados para darles la puntuación necesaria para poder acceder a esta tarjeta que gestionan los ayuntamientos.
